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Analistas calificaron el jueves (09.12.2021) como "una vergüenza" la intención de los parlamentarios del Congreso Nacional (CN) con lo que pretenden aprobar una ley de protección para altos funcionarios y exfuncionarios y sus familiares por gestiones de riesgo.
De acuerdo a los analistas, la iniciativa solo viene a "ensombrecer" aún más la gestión parlamentaria y aseguran que si quieren seguridad de por vida, que ellos costeen sus guardaespaldas y no el pueblo hondureño.
"El que quiera guardaespaldas para andar atropellando gente o hacer ostentación de poder, que los pague o que se cuide solo; este es un país pobre", dijo el analista hondureño, Raúl Pineda a Telenoticias, Estelar.
"En este momento, con este tipo de decretos, lo que estamos viendo es que de nuevo se están asignando privilegios que no se merecen", dijo por su parte Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
Para el diputado, Tomás Ramírez, del Partido Innovación y Unidad (Pinu), es penoso que desde el Congreso Nacional se pretenda proteger a funcionarios que en su mayoría no han hecho las cosas bien en Honduras.
"Este es un mensaje que no hicieron bien las cosas; este es un mensaje en donde los actos de corrupción se han dado en este gobierno y quieren salir con una protección así como lo hicieron con el Foro Legislativo", apuntó Ramírez.
Una jugada maestra
Para Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), se trata de una jugada maestra, porque ya lograron el blindaje jurídico y ahora van por la protección física.
"Están buscando ya no sólo el blindaje que legalmente han generado a través de un conjunto de normas jurídicas y especialmente de un nuevo Código penal, sino también la protección física utilizando los recursos del Estado", indicó Irías.
En ese sentido, Raúl Pineda concluyó que desde el año 2013 existe una ley que regula la seguridad de los altos funcionarios del Estado y establece que se debe aplicar de manera excepcional por una unidad de la policía o la guardia de honor presidencial.
Los 250 millones de lempiras que se requieren para implementar la nueva ley se deben de destinar a educación y salud coinciden los sectores consultados.
