El Ministerio Público solicitó a un juez la medida de aseguramiento sobre 353 bienes de cuatro personas vinculadas a los exsubcomisionados de Policía a Jorge Alberto Barralaga Hernández y José Orlando Leiva Natarén, así como a la narcotraficante Digna Valle Valle.

En ese sentido la Fiscalía busca privar propiedades, negocios, vehículos, equipo pesado y productos financieros a Rigoberto Benítez Guerra, Amanda Edith Palma Barnica, Rigoberto Benítez Palma, Glenda Argentina Benítez y Héctor Maximiliano Benítez.

Tras un juicio de un mes, esta semana dichas personas fueron absueltas por el delito de lavado de activos "con base a las polémicas reformas aprobadas el año anterior a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos", dice el comunicado del MP, quienes pedirán una casación.

La acusación establece que los imputados utilizaron sus empresas en maquinaria pesada, minería y venta de derivados del petróleo para actividades de crimen organizado.

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Al respecto, el narcotráfico habría sido la la conducta precedente al lavado de dinero que los vinculó con Barralaga Hernández, Leiva Natarén y Valle Valle.

Antecedente

El 25 de noviembre de 2019 se ejecutó la Operación Arcano en Cortés y Copán donde se aseguraron los 353 bienes muebles e inmuebles (mismos que podrían ser devueltos tras el fallo absolutorio, motivo por que el que vuelven a solicitar esta medida).

Para julio de 2014, recibieron denuncias sobre una empresa a nombre de Rigoberto Benítez Guerra, que tuvo un crecimiento económico sin justificación con supuesta procedencia de actividades vinculadas al narcotráfico.

La investigación patrimonial fue la que permitió a las autoridades identificar que los acusados realizaron "adquisiciones, traspasos y traslado de activos entre otros, que no tienen justificación económica o lícita de su procedencia".

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