El portavoz de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), Mario Fú, sugirió este domingo regular la venta de chips para celulares y las llamadas que salen desde los centros penales para combatir la extorsión en Honduras.

Según Fú, muchas de las llamadas extorsivas que reciben los comerciantes en Honduras provienen de reclusos que se encuentran en cárceles de máxima seguridad y es desde allí que se coordinan la mayor parte de los delitos en el país.

"Lo que ocurre es que se está vendiendo sin ningún tipo de control y regulación la venta de estos 'sim card', ya que facilita a las estructuras criminales la disposición más de 15 líneas para sus ilícitos", advirtió el funcionario.

Fú lamentó que la venta sin control de chips para celulares, facilita para que las estructuras criminales puedan delinquir de esta manera y por ende sugieren a las empresas de telefonías móviles y al Congreso Nacional regular ese negocio.

"Es necesario que se intensifiquen las acciones para combatir el flagelo, porque estas resultan ser insuficientes, pese a los amplios esfuerzos que se hace desde la institucionalidad contra ese ilícito", comentó Fú.

Según el funcionario, esos elementos "limitan el accionar de la Dipampco" para alcanzar los objetivos que se trazan en las operaciones y este tema de las llamadas desde los centros penales continúa siendo un "detonante sobre ese ilícito".

En ese sentido, aseguró que "se trabaja de lleno, pero el hecho de que continúen saliendo órdenes desde los centros penales contribuye para que esas estructuras criminales generen un ambiente de terror y zozobra entre comerciantes y transportistas de las principales ciudades del país".

Estadísticas

De acuerdo con la Dipampco, en lo que va del 2022 se ejecutaron más de 500 capturas por el delito de la extorsión, esto gracias a la denuncia de la población (a la línea 143) y posterior trabajo en manos de las autoridades.

Por su parte, un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) reveló recientemente que al menos, 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de actos de extorsión.

Además, que alrededor del 79 % de las denuncias atendidas por el Conadeh fueron registradas en los departamentos de Francisco Morazán (56 %) y Cortés con el (23 %); es decir, 8 de cada 10 casos denunciados ocurrieron en esos dos departamentos.

Entre enero y octubre, alrededor de 150 denuncias relacionadas a casos de extorsión y desplazamiento forzado, fueron presentadas por las víctimas ante esa oficina.

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