La resolución judicial abarca 144 bienes, incluyendo propiedades inmuebles y muebles, sociedades mercantiles, productos financieros, vehículos, embarcaciones y un lote de semovientes. Estos activos son propiedad del presunto socio de Blanco, su núcleo familiar y terceros.
La acción de privación definitiva de dominio fue impulsada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y, además de Cerrato Oliva, esta medida también involucra los bienes de Blanca Francisca Canelas Munguía, Zonia Anabel Padilla Cruz, Ferretería Javier y Centro de Cerámicas de Interiores Javier.
Según la investigación, todos estos individuos tenían vínculos con Wilter Neptalí Blanco, quien fue extraditado y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, así como con la Corporación Blanco y Melgar, que también era de su propiedad.
Los activos y negocios que pasarán al Estado se encuentran ubicados en los departamentos de Colón, Yoro, Atlántida y Francisco Morazán.
Las investigaciones de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) revelaron que gran parte de estos bienes fueron adquiridos en un período de tan solo tres años, dentro de los 16 años que se investigaron en este caso.
Este caso inició en 2006 y la Fiscalía estima que el monto injustificado de capital del clan Cerrato asciende a casi 1,500 millones de lempiras (L 1,497,128,728.73), informó el Ministerio Público.
Durante el curso de la investigación, la Fiscalía recibió en varias ocasiones reportes de operaciones y transacciones atípicas por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Finalmente, la Fescco y la DLCN documentaron un crecimiento económico desproporcionado por parte de Cerrato Oliva.
Inicialmente, este individuo comenzó a operar la Ferretería Javier en Tocoa, Colón, con un capital de tan solo 35 mil lempiras, pero posteriormente manejó cantidades millonarias que no guardaban relación con la actividad que realizaba.
Un juicio de privación de dominio es un proceso en el que se pretende quitar bienes a una persona cuando no justifica su procedencia lícita.
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