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“La criminalidad desde las cárceles de máxima seguridad se mantiene”, así lo revelaron a tunota, varios jueces de Ejecución.
Si bien, el traspaso del mando militar al policial en el Instituto Nacional Penitenciario (INP),- da un respiro a las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos, aún hay asuntos pendientes: controlar la planificación y la violencia.
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Lo ocurrido en uno de los módulos de la cárcel de máxima de seguridad en La Tolva, Ilama, Santa Bárbara, el 4 de julio de este año, disparó las alertas.
Fueron seis privados de libertad los que fallecieron y hasta la fecha, lamenta el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), no se tiene a ninguna persona vinculada en el hecho.
“Las autoridades no nos pueden informar qué pasó o qué es lo que está pasando al interior de estos centros penitenciarios”, explica Glenda Ayala, comisionada del Conaprev.
Ante el inminente riesgo, son cada vez más las personas que están pidiendo ser trasladadas porque consideran que de seguir en esas cárceles, corren grave peligro.
Ese es el indicador que alerta a los organismos de Derechos Humanos de que “sigue o persiste el nivel de autogobierno.
Y, que de alguna manera a las personas no se les garantiza la vida dentro de la prisión”.
Piden acciones
Hugo Maldonado, del Comité para los Derechos Humanos (Codeh), cree que el cambio que se ha dado de pasar del mando militar al policial, debe ser solo un proceso de transición que pronto debe ser relevado por una policía penitenciaria.
“Esa debe estar lista para que retome la seguridad de los centros penitenciarios”.
Mientras la Policía está a cargo, piden que los agentes sean rotados de manera permanente para evitar la amistad con los privados de libertad.
En cambio, el Conaprev es más cauteloso, porque son del criterio que no se puede ser ni muy permisivo, ni muy represivo.
“Los privados de libertad piden también conocer cuál es su situación jurídica, con los cambios en el código penal”.
Hugo Maldonado. Codeh.
Si esa comunicación se da en forma irregular, en forma arbitraria, debe evitarse, porque a través de esas comunicaciones se cometen actos delictivos.
“Los privados de libertad siguen teniendo una cuota de poder adentro y tienen una injerencia afuera de la prisión”, dice un juez de Ejecución.
