Los apoderados legales del exgerente de Hondutel, Marcelo Antonio Chimirri Castro (2006-2007), solicitaron el lunes (21.02.2022) al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa que se le aplique un decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional a fin de que se le exima de responsabilidad de tres delitos de corrupción por los que fue condenado.

Tunota tuvo acceso a la notificación dada a los defensores de Chimirri para que asistan a la celebración de la audiencia de extinción de responsabilidad penal que se fijó para el 28 de febrero 2022.

"La audiencia en la causa instruida contra Marcelo Chimirri está señalada para el lunes 28, ese día el juez escuchará la postura de las partes...tomar en cuenta que son dos expedientes, el juez se estará pronunciando con la resolución en el término de tres días", dijo a tunota, la vocera de los tribunales, Bárbara Castillo.

Los abogados Marlon Duarte Amador y Yenny Mariela Sierra Varela pidieron a esa judicatura que Chimirri sea beneficiado con el decreto 4-2022 que contiene la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, que se conoce el "nuevo pacto de impunidad".

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De acuerdo con el capítulo II de dicho decreto, se concede " amnistía general, amplia e incondicional" a las personas que hayan sido acusadas penalmente y se "desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009", es decir el gobierno del expresidente Manuel Zelaya.

Otra condición para gozar de la amnistía es que hayan sido "víctimas del golpe de Estado" contra el exmandatario Zelaya.

De acuerdo con ese instrumento, quedarán amnistiados quienes haya incurrido en abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

También los culpables o procesados por fraude en perjuicio de la Administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y criminalidad organizada, entre otros.

La aprobación de ese decreto se hizo el 3 de febrero de 2022, mismo que fue cuestionado por diferentes sectores de la sociedad por que consideran que busca beneficiar a los exfuncionarios del expresidente Manuel Zelaya que cometieron delitos por corrupción, pese a que la supuesta intención es solo dar perdón por delitos políticos.

Esta determinación beneficiaría, de acuerdo a quienes a cuestionan, a alrededor de 200 personas condenadas.

Además Más de 200 hondureños se acogerían al decreto de amnistía política, según funcionario

Absolución y reapertura del caso

Marcelo Chimirri, quien cesó en el cargo de gerente de Hondutel en 2007, fue condenado el 27 de noviembre de 2018 a ocho años y seis meses de prisión por fraude y abuso de autoridad y a nueve años por enriquecimiento ilícito.

En total, la pena contra Chimirri asciende a 17 años con seis meses por tres delitos.

De igual manera, se le impuso una multa de 16.6 millones de lempiras.

De acuerdo con Ministerio Público, estos delitos los cometió al recibir sobornos de parte de la empresa Latin Node, que tuvo sede en Florida, Estados Unidos, a cambio de un contrato de interconexión.

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Ejecutivos de la compañía admitieron en la Corte de Distrito Sur de Miami, donde fueron juzgados por lavado de activos, que transfirieron 1.09 millones de dólares a terceros a sabiendas que irían a manos de funcionarios de Hondutel para beneficiarlos con el contrato.

Los pagos se hicieron en 2005 (último año del gobierno de Ricardo Maduro) y entre 2006 y 2007, los dos primeros años de la gestión de Zelaya.

Mientras, en otro proceso no penal, el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenó, el 18 de agosto de 2016, el comiso de varias propiedades de Chimirri a fin de que pasaran a favor del Estado por no justificar que fueron obtenidos legalmente.

Mediante la resolución se determinó que Chimirri perdió cuentas bancarias, lotes de terreno, una casa en Ciudad Lempira, en la capital, una radio y dos vehículos, entre otros.

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