Este lunes 4 de abril inició el juicio oral y público contra Jenny Carolina Andrade Lemus y José Ramón Bertetty Osorio por suponerlos responsables de cometer el delito de lavado de activos y otros ilícitos en la causa del descalabro financiero en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Dicha instancia se llevará a cabo a partir de hoy hasta el próximo 8 de abril donde se buscará determinar la culpabilidad de la empresaria y abogada Andrade Lemus -sospechosa de lavado de activos- y Bertetty Osorio -acusado de cohecho pasivo y lavado de activos-.

Según el Ministerio Público, son 29 los medios de prueba que fueron admitidos para este caso, mismas que se distribuyen en 20 documentales, 2 evidenciales, tres periciales y 4 declaraciones testificales.

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Acusaciones

La investigación supone que Bertetty Osorio es responsable de tres delitos de cohecho pasivo impropio y un delito de lavado de activos, mientras Andrade Lemus es por ilícito de lavado de activos.

Según el expediente la empresaria constituyó en 2008 la empresa Soluciones Técnicas JJ y para el 2011 recibió 36 depósitos provenientes de otras instituciones que también suscribieron contratos con el IHSS y que sustrajeron sin documentación de respaldo L 14,220,219.54.

La imputada administró los mismos sin tener justificación económica legal o de su procedencia, además de trasladarlos a cuentas personales, familiares y al extranjero.

Por su parte, el exsubgerente administrativo es acusado por recibir 41 depósitos de L 1,795,000.00 producto de coimas solicitadas a gerentes de empresas que proveían servicios al IHSS.

De acuerdo con el Ministerio Público, ambos sospechosos se coludieron para emitir cheques de la referida cuenta con firmas indistintas, pero evitando que figurara su nombre.

Desfalco IHSS

En el tan sonado caso de desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social ya se encausaron a alrededor de 60 persona, donde figuran funcionarios, exfuncionarios, empresarios y obreros, sus familiares, socios y testaferros.

Además, se aseguraron bienes de presunto origen ilícito valorados en aproximadamente 300 millones de lempiras.

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