Diferentes sectores de la sociedad hondureña aplaudieron el jueves (03.02.2022) la aprobación en el Congreso Nacional, que preside el diputado Luis Redondo, de la Comisión Internacional Contra la Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), sin embargo, cuestionan que casi simultáneamente se haya aprobado lo que consideran un pacto de impunidad.

Una CICIH sin condiciones

En ese sentido, el periodista estadounidense, Jeff Ernst, expresó que no puede haber una CICIH en el país cuando también se ha aprobado una ley que contempla amnistía a personas que supuestamente cometieron delitos contra la administración pública.

Asimismo, puso en duda la legalidad de los decretos aprobados porque, según él, mientras siga el conflicto por la titularidad del Poder Legislativo, lo que se apruebe no es válido.

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“Mientras no se resuelva la crisis en el Congreso, las acciones tomadas por cualquiera de los dos grupos tienen vicios de nulidad. Y no habrá una CICIH con pactos de impunidad como parece ser esto”, publicó en su perfil de Twitter.

Lucha contra la corrupción sin excepciones

Por su parte, el economista hondureño Alejandro Kaffati señaló que no puede haber una lucha contra la corrupción con excepciones, además, afirmó que en Honduras no hay presos políticos por delitos de lavado de activos, malversación de caudales, entre otros.

El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, también se pronunció al respecto y calificó el hecho como un pacto de impunidad, y aseguró que la iniciativa privada hará un análisis jurídico del caso.  

Motivación política

Mientras tanto, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, aseguró que hay una confusión sobre lo legislado en el hemiciclo y que ellos establecieron que para la amnistía se debe probar que el proceso penal es por motivación política.

“Hay una confusión en la amnistía y el PSH puso un freno para evitar los abusos se deberá probarse que la motivación fue política mediante expediente en Cofadeh o sentencia de la comisión Interamericana de Derechos Humanos. No aplica para otras situaciones”, añadió.

El decreto deberá ser enviado al Poder Ejecutivo para que lo sancione o en su defecto para que lo vete la presidenta de la República Xiomara Castro.  

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