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El Congreso Nacional de Honduras, bajo la junta directiva que dirige el diputado Luis Redondo, aprobó la noche del miércoles (02.02.2022) una amnistía para liberar a los presos políticos, funcionarios, empleados o autoridades "víctimas del golpe de Estado" en junio de 2009.
La aprobación del decreto para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, se calificó por expertos como un nuevo pacto de impunidad, ya que abarca una serie de delitos contemplados en el viejo y nuevo Código Penal, que no tienen que ver con figuras políticas delictivas.
"Conceder amnistía general, amplia e incondicional en favor de las personas en contra de quienes se ha ejercitado acción pública, hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución ante los Tribunales de la República o que se encuentren en proceso de investigación por los supuestos delitos cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley”, dice parte del decreto.
Las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades durante la administración gubernamental del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado de 2009, serían exculpados de cualquier requerimiento, acusación, o proceso criminal, indicó el decreto.
De igual manera, la amnistía abarcará a personas que ejercieron protesta social y que realizaron actos de defensa de la soberanía nacional, de democracia, defensa del medio ambiente y otros que hayan sido criminalizados en el contexto político.
"Nuevo pacto de impunidad"
El decreto de amnistía fue calificado por el abogado penalista Félix Ávila, como un nuevo pacto de impunidad, pues consideró que las figuras delictivas que hace referencia lo aprobado por el Congreso, no son de naturaleza política.
"Esto es un atentado contra la Constitución de la República, esto no es otra cosa que otro pacto de impunidad, no es tanto de perdón ni olvido, como han dicho, sino que pretenden tapar con un manto de impunidad incluso delitos contra la administración pública", cuestionó Ávila en TN5 Matutino de Televicentro.
La iniciativa habla de delitos de falsificación de documentos, malversación de fondos públicos, fraude, y no delitos políticos entre ellos sedición, indicó el abogado Ávila.
Al mismo tiempo reprochó que el Congreso también haya aprobado la creación de la comisión internacional contra la impunidad, con apoyo de la ONU, para perseguir delitos de corrupción, mientras pretenden borrar delitos de corrupción que se cometieron o pudieran cometerse.
"Estas leyes son totalmente inconstitucionales, incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho reiterado sobre las leyes de amnistía que cuando se aprueban por gobernantes para favorecerse asimismo, que son contrarias a los principios del sistema interamericano de protección de los derechos humanos", agregó.
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Cohep también rechaza "pacto de impunidad"
El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, también señaló que la amnistía es un "pacto de impunidad" porque aplica perdón para acusados por delitos de corrupción, secuestro, privación de libertad, que no son conexos a delitos políticos.
"Es un abuso que se pretende dar, es un pacto de impunidad que nosotros no compartimos", expresó.
Al mismo tiempo, Solórzano anunció que el Cohep hará un análisis jurídico sobre los decretos y actuaciones de los diputados que "carecen de validez", ante la crisis interna del Legislativo, de la que reiteró el llamado para que se resuelva.
