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Desde 1988, cuando por primera vez Honduras recibió una sentencia por la CIDH en el caso Velásquez Rodríguez, el Estado ha sido sentenciado en 17 ocasiones, 14 de ellas se encuentran en etapa de supervisión y tres han sido cerradas por lograr su totalidad cumplimiento y otras dos se encuentran en trámite.
Las sentencias tienen como vínculo en común los altos niveles de impunidad en la justicia hondureña, según expertos consultados por Telenoticias de Televicentro.
"La característica en común ha sido la impunidad, porque el Estado tiene la obligación de prevenir violaciones a derechos humanos, pero como no ha prevenido, tiene una segunda obligación de investigar y sancionar", dijo el abogado Joaquín Mejía.
De las 17 sentencias emitidas contra el Estado de Honduras, los casos Velásquez Rodríguez; Faíren Garbis; Solis Corrales y Godínez Cruz, actualmente están archivados, es decir, que la sentencia fue cumplida a cabalidad.
Los casos
Mientras que los casos: Juan Humberto Sánchez; López Álvarez; Servellón García y otros; Kawas Fernández; Pacheco Teruel y otros; Luna López; López Lone; Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros y Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, están en supervisión de cumplimento.
De igual manera se encuentran los casos Pacheco León y otros; Escaleras Mejía y otros 361; Vicky Hernández y otras; Buzos Miskitos (Lemoth Torres y otros), y el caso Herminio Deras.
En la mayoría de estos casos la traba se encuentra por no cumplir las garantías de no repetición, medidas para que no se repitan hechos de esa índole, señaló Leila Reyes Mejía, coordinadora de la Defensoría de Pueblos Indígenas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
"No se quieren tocar las medidas que tienen que ver con cambios profundos, que son las garantías de no repetición y que tienen que ver con estructuras, sistemas y cambios que realmente van a producir justicia al pueblo hondureño. Hay casi un nulo cumplimiento en las garantías de no repetición", mencionó Reyes.
Para los expertos, el alto índice de impunidad que impera en Honduras es un factor determinante por el cual la CIDH ha fallado en contra del Estado en todos estos casos.
Caso Gutiérrez Navas y otros vs Honduras
Honduras reconoció este martes ante la CIDH su responsabilidad por al destitución arbitraria e ilegal de cuatro exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2012, luego que se emitieran resoluciones contrarias a los planes del entonces presidente del país, Porfirio Lobo (2010-2014).
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado hondureño por la destitución de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional, luego de que declararan como inconstitucionales proyectos del Gobierno de Porfirio Lobo.
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