El Estado de Honduras reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad por al destitución arbitraria e ilegal de cuatro exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2012, luego que se emitieran resoluciones contrarias a los planes del entonces presidente del país, Porfirio Lobo (2010-2014).
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado hondureño por la destitución de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional, luego de que declararan como inconstitucionales proyectos del Gobierno de Porfirio Lobo.
La secretaria general de la Procuraduría de Honduras, Laura Flores, dijo en una audiencia ante la CIDH, que el Estado reconoce que los magistrados fueron "removidos de manera arbitraria e ilegal de sus cargos por el Poder Legislativo" y que se compromete a reparar a las víctimas y a que hechos similares no se repitan.
Agregó que el Estado de Honduras reconoce que los magistrados no tuvieron acceso a un recurso efectivo para apelar su destitución, y que fueron destituidos de sus cargos mediante un procedimiento "no previsto" en el ordenamiento jurídico y sin una causal de remoción establecida en las leyes.
La representante hondureña negó que Honduras sea responsable por violaciones a la integridad física de las víctimas, pues no recibió ninguna denuncia sobre agresiones, atentados o persecución, y además expuso a la CIDH que una eventual orden de reincorporación de las víctimas a sus cargos generaría "inseguridad jurídica".