La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la destitución arbitraria de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el año 2012. Este fallo se emitió el 1 de abril bajo el caso "Gutiérrez Navas y otros versus Honduras".

Los magistrados afectados por esta decisión ilegal son José Francisco Ruiz Gaekel, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. La CIDH determinó que la destitución de estos jueces violó múltiples garantías fundamentales, incluyendo la independencia judicial, el derecho a un proceso legal adecuado, y la protección judicial.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado de Honduras pagar una indemnización compensatoria a cada uno de los magistrados afectados, misma que supera los 500,000 dólares (L12,342,950.00 al cambio de hoy), según el canciller Enrique Reina.

VEA: CSJ y PGR cumplirán sentencia de la CIDH por destitución de magistrados de la Sala Constitucional en 2012

Esta indemnización para cada uno incluye $80,000 (L1,974,872.00) por daño moral, $400,000 (L9,874,360.00) por daño material, $25,000 (L617,147.50) por gastos y $30,000 (L740,577.00) por costas, así lo desglosó el abogado, Joaquín Mejía Rivera.

Antecedente del caso

El caso se remonta a una serie de destituciones ocurridas entre 2009 y 2016, cuando varios magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ fueron separados de sus cargos tras emitir fallos que fueron objeto de crítica pública por parte del entonces presidente Porfirio Lobo. Estas acciones, según la CIDH, constituyeron un abuso de poder y una interferencia indebida en la independencia judicial, vulnerando los derechos fundamentales de los jueces y socavando el estado de derecho en Honduras.

Además del pago de la indemnización, la CIDH exigió al Estado hondureño realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las acciones ilegales cometidas contra los magistrados. Asimismo, se han establecido medidas para garantizar la estabilidad e inamovilidad en el cargo de los funcionarios judiciales, asegurando así un ambiente propicio para el ejercicio imparcial de la justicia en el país.

LEA: 'Estos actos son vergonzosos': reaccionan a condena de la CIDH por destitución de magistrados