La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaron este lunes que cumplirán la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena la medidas compensatorias por la destitución inconstitucional de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, en el 2012, luego de que emitieran fallos contra proyectos.

El tribunal internacional emitió hoy una sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la "destitución arbitraria e ilegal" de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

Mediante su cuenta de X, antes Twitter, la presidenta de la CSJ, Rebeca Lizette Ráquel Obando, indicó que el Poder Judicial manifiesta su plena voluntad y compromiso para el cumplimiento de la misma.

De igual manera, la funcionaria judicial recalcó que esta sentencia de la CIDH es un "precedente importante para la función judicial" y el "fortalecimiento de la Institucionalidad democrática".

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"Seguimos adelante con nuestra misión de administrar justicia de manera imparcial y eficiente, en beneficio de la sociedad hondureña y en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales", escribió Ráquel Obando en sus redes sociales.

Por su parte, la PGR indicó en un comunicado que "coordinará las acciones" con las diferentes instituciones del país para "el cumplimiento efectivo de la sentencia" de la CIDH.

De igual forma, agregó que "hace suyo el compromiso de seguir aportando a la construcción de instituciones sólidas y al respeto de los poderes legalmente constituidos".

Reafirmó el compromiso del Gobierno que preside Xiomara Castro en su "política de respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para construir un Estado donde prevalezca la justicia, la verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos".

Finalmente, señaló que "se reserva el derecho a ejercitar las acciones judiciales correspondientes en contra de los funcionarios que a través de sus acciones motivaron el resultado de la referida sentencia" de la CIDH.

Sentencia de la CIDH

El fallo de la CIDH apuntó que el Estado hondureño no garantizó el acceso a un recurso efectivo de defensa y que incumplió el deber de investigar las amenazas y hostigamiento que recibieron las víctimas de este caso, así como el deber de establecer medidas de protección.

Además, el tribunal internacional determinó que el Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales; al principio de legalidad, a los derechos políticos, a la protección judicial, al derecho al trabajo y a la integridad personal.

El caso se remonta al año 2012, cuando los magistrados declararon como inconstitucionales iniciativas del Gobierno para crear las "ciudades modelo" y la "Ley de depuración policial", lo que generó presiones y hostigamiento por parte de autoridades gubernamentales, incluido el entonces presidente del país, Porfirio Lobo.

De su lado, el Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández, creó una comisión especial para investigar el comportamiento de los magistrados el 10 de diciembre de 2012, al día siguiente emitió un informe y horas después, la madrugada del día 12, el Legislativo destituyó a los magistrados sin permitirles defenderse.

Los magistrados también relataron que tras su destitución sufrieron persecución, hostigamiento y atentados. 

Entre las medidas de reparación ordenadas se encuentran el pago de una indemnización compensatoria a las víctimas, un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, y la adopción de medidas legislativas para ajustar el ordenamiento jurídico a estándares internacionales.

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