La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que en una resolución de seguimiento determinó el lunes (15.11.2021) levantar las medidas cautelares para la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, tras su fallecimiento, y para el mexicano Gustavo Castro, porque no se encuentra en Honduras.
La CIDH había otorgado desde 2009 medidas cautelares a Berta Cáceres, debido a su situación grave de riesgo por las denuncias que hacía por defender el territorio y pueblo lenca, sobre todo por la defensa del río Gualcarque, en Santa Bárbara, donde se construiría la represa hidroeléctrica Agua Zarca, cuyos trabajos están suspendidos.
Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su vivienda en la ciudad La Esperanza, Intibucá (occidente), un hecho en el que resultó herido su amigo de origen mexicano, Gustavo Castro, a quien la CIDH brindó posteriormente medidas cautelares, que ahora le retira porque salió de Honduras.
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Medidas para familiares de Berta y Copinh
El organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) informó además que, mantendrá las medidas a favor de los miembros del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), núcleo familiar de Berta Cáceres y los señores Víctor Fernández, Arnold Guifarro, Carlos Jiménez, entre otros.
En ese sentido, la CIDH requirió al Estado de Honduras para que continúe adoptando las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las personas a quien el organismo ha decidido mantener bajo mecanismos de protección.
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Además, la CIDH solicitó información sobre la situación de las personas o grupos de personas beneficiarias para efectos de poder identificar de manera adecuada cómo se vienen implementando las presentes medidas cautelares respecto de cada una de ellas.
En particular, el organismo de la OEA pide información "respecto de aquellas personas beneficiarias integrantes del equipo jurídico (del caso Berta) respecto de las cuales no se cuenta con suficiente información actualizada".
La CIDH también informó sobre su interés de hacer una visita in situ a Honduras, previo anuencia del Estado, a fin de verificar la situación de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, y entre otra agenda, reunirse con autoridades responsables de implementar dichas medidas.
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Por el crimen de Berta están encarcelados nueve hondureños, siete de ellos que desde el 2019 cumplen penas que oscilan entre los 30 y 50 años de cárcel. Mientras se espera el fallo condenatorio contra el empresario Roberto David Castillo encontrado culpable como coautor de asesinato de la ambientalista.
