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El jefe de la Unidad de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, solicitó el jueves (10.2.2022) que se comience a hacer aseguramientos de bienes al expresidente Juan Orlando Hernández, a quien recientemente se le suspendió la visa estadounidense por estar vinculado a supuestos actos de corrupción y narcotráfico.
"El CNA se ha pronunciado solicitando que se comiencen a hacer aseguramiento de bienes y acciones sin perjuicio de que se pueda permitir la extradición correspondiente contra Juan Orlando Hernández", indicó Fernández.
Según el representante del ente anticorrupción, si del CNA dependiera ya hubieran procedido a la extradición del exmandatario, quien ha sido mencionado en cortes de Estados Unidos durante juicios de narcotraficantes hondureños, con quienes supuestamente ha tenido vinculos.
"Si finalmente de nosotros dependiera otorgar la extradición después de conocer los hechos en los que ha estado vinculado el expresidente, desde hace mucho tiempo lo hubiéramos extraditado", apuntó Fernández.
"Es más, nosotros (el CNA) solicitamos al Congreso Nacional que comience a ejercer acciones para aprobar una ley de extradición, Honduras no tiene una ley y lo que hay es un pacto acordado que se controla desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a conveniencias", agregó.
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¿Se estaría blindando al expresidente?
Fernández lamentó que desde el Ministerio Público y la CSJ no se estén realizando acciones para proceder con un proceso investigativo contra Juan Orlando Hernández, quien ejerció el poder en dos periodos consecutivos entre los años 2014 y 2022.
"Mientras no se judicialice una causa, es un proceso de investigación como cualquier otro, la limitación es cuando hay procesos ya judicializados y hasta el momento se desconoce que haya una causa por parte del Ministerio Público", señaló.
"Nosotros (el CNA) no confiamos en la justicia hondureña, ni en el Ministerio Público, ni en la CSJ, sabemos que se pueden presentar acciones con miras a perder esas causas de investigación y evitar la extradición", añadió.
Asimismo, Odir lamentó que no sean los órganos judiciales hondureños los que procedan a enjuiciar a funcionarios vinculados a actos de corrupción, y que se tengan que amparar en gobiernos internacionales.
"Somos de la posición de que hoy, desafortunadamente, ante la falta de institucionalidad y adición al estado de derecho, los únicos que podrían ejercer acciones concretas son gobiernos internacionales, que han extraditado personas y se les han condenado", cerró.