La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva manifestó estar a favor de la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso Nacional; sin embargo, dejó claro que no convertirán una verdad en mentira para favorecer a alguien.

La amnistía, denominada "Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan"; fue promulgada por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió el poder el pasado 27 de enero.

El Cofadeh tendrá el papel de veedor en los procesos de absolución de delitos de orden político y conexos, según informó Berta Oliva a la radio HRN de Emisoras Unidas.

“Han surgido varios actores y lo fueron haciendo por línea, de tal mamera que están queriendo retardar que la amnistía se pueda aplicar”, manifestó.

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Ante ello, la también reconocida defensora de derechos humanos aseguró que, en este momento no se está en juego las ideologías, sino, lo que se pueda certificar.

“Nuestra postura siempre ha sido y seguirá siendo a favor de las mayorías. Jamás vamos a convertir una verdad en mentira, y una mentira en verdad para favorecer a alguien”, indicó Oliva.

Seguidamente, añadió que realizarán su labor como veedores, cumpliendo a cabalidad el mandato que estipula el recién decreto de Ley de Amnistía.

La coordinadora del Cofadeh explicó que las grandes “falencias y desastres” que han ocurrido en el país, se debe a la manipulación de la ley.

“Por eso tenemos lo que hoy vivimos en Honduras. Hemos estado interesadas y no hemos cambiado desde que nacimos; la exigencia de verdad y justicia”, dijo Oliva.

Los beneficiados con la Ley de Amnistía, según Cofadeh

En relación a quienes serían los principales beneficiados con la aplicación de la cuestionada Ley de Amnistía, serán las víctimas de persecución política del golpe de Estado de 2009.

Respectivamente, detalló que hay casi cuatro mil campesinos y campesinas que son perseguidos judicialmente en la actualidad por estar en contra de los hechos sucedidos el 28 de junio de 2009.   

De acuerdo con los artículos del decreto, la amnistía exculpará de sus acciones o comisión de delitos en el contexto del golpe de Estado de 2009 a diversos políticos hondureños.

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Esta amnistía ha recibido criticas por diversos sectores que calificaron su aprobación como un "nuevo pacto de impunidad en Honduras".

El decreto abarca a las personas que se desempeñaron como empleados, funcionarios o autoridades electas durante la administración del expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya, entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009.

El decreto establece que estas personas fueron víctimas al ser acusados criminalmente "por oponerse y protestar contra el golpe de Estado; y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados".