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Esta posición es la respuesta al proyecto ejecutivo de Ley de Justicia Tributaria, enviada al Congreso Nacional para su socialización y discusión, que pretende derogar 11 regímenes fiscales para controlar abusos en las exoneraciones brindadas por el Estado.
"No se pueden llevar de encuentro a todos los empresarios por uno que otro que no está cumpliendo con los regímenes y al final estas facultades de verificación y fiscalización competen únicamente al Servicio de Administración de Rentas (SAR) y Aduanas", señaló Aquino a Noticieros Hoy Mismo, de TSi.
Al respecto, la asesora legal del Cohep señaló que el SAR no realiza auditorías desde hace un año, lo que detiene procesos de fiscalización, aún así, sin cumplir las facultades que les otorga el código tributario pretenden ser impulsores de la bandera del Gobierno del castigo a abusadores .
"Ellos no son la autoridad para decir si están cometiendo o no crímenes, deben llevar al Ministerio Público a los funcionarios con todos sus expediente para que hagan la investigación y la verificación de este tema", manifestó.
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Denuncias sin prueba ahuyenta la inversión
El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Fernando García, consideró que no se podrá atraer nueva inversión a Honduras si constantemente se señala al sector privado de corrupto.
"Genera cierta percepción en la población que es malo estar (por ejemplo) en el Cohep, que es prohibido y corrupto estar en el Cohep y eso no es así", expresó en Frente a Frente, de Canal 5.
Asimismo, indicó que el país saldrá adelante con el trabajo en conjunto entre Gobierno y sector privado, pero para eso debe haber tolerancia y confianza, también entender que se puede diferir.
"Un funcionario no es fiscal, ni juez, tiene que presentar la denuncia. No estamos defendiendo corruptos, pero tampoco es corrupción porque alguien (sin la facultad) lo diga", aseguró García.
