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La determinación, que se generó escasas horas antes de la celebración de la asamblea, generó descontento y decepción en el Cohep, que está constituida como una organización de sociedad civil.
Inicialmente, la Secretaría de Transparencia y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización notificó al Cohep que estaba entre las 13 organizaciones de sociedad civil con voz, voto y derecho a postularse.
Sin embargo, previo a la celebración de la asamblea de sociedad civil, se les notificó que la persona que ya había sido acreditada para participar no podría ser parte del proceso de elección del representante de la sociedad civil ante la Junta Proponente.
El Gobierno argumentó que el Cohep no trabaja asuntos de derechos humanos y justicia, como establece el artículo 6 de la Ley de la Junta Nominadora, que rigió el proceso de selección de representante de la sociedad civil ante a Junta Proponente.
No obstante, desde el Cohep se defendieron y aseguraron que el trabajo es un derecho humano, y que la exclusión de ese ente solo es un "ataque a la empresa privada" desde el Gobierno.
"Defender los derechos humanos (…) los derechos económicos también son derechos humanos. Es lamentable lo que ha hecho (el Gobierno)", denunció el gerente de Asesoría Legal del Cohep, Gustavo Solórzano.
El asesor legal del Cohep, Rafael Jérez, también denunció la forma en que los excluyeron "a última hora".
"Aun después de haber sido inscritos por las mismas instituciones que hoy tomaron una decisión discrecionalmente, esperaron hasta que inició la asamblea para excluir a Cohep, sin fundamentos legales para hacerlo", declaró Jérez.
Junta Proponente
Este viernes, las organizaciones de sociedad civil eligieron a su representante ante la Junta Proponente. Se trata de José Ramón Ávila.
La Junta Proponente la completan: Rebeca Ráquel Obando (presidenta de la CSJ, quien la preside), Wagner Vallecillo (CSJ), Julio Raudales (universidades privadas); Odir Fernández (UNAH), Blanca Izaguirre (Conadeh); Alejandro Hernández (CAH) y José Ramón Ávila (sociedad civil).
La Junta Proponente enviará al Congreso Nacional una nómina de 5 candidatos al cargo de fiscal general, para el período 2023-2028.
Las actuales autoridades del Ministerio Público dejarán sus cargos el próximo 31 de agosto.
