De igual forma, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) consideró que dicha medida tomada por el Gobierno de Daniel Ortega violenta la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
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Así como el Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva.
También, el Convenio 144 sobre Consulta Tripartita, poniendo en precario los derechos fundamentales en Nicaragua.
El Cohep señaló en su escrito que la libertad empresarial, la libertad de expresión y todas las demás libertades civiles y sociales, son la base de la democracia y la apertura a la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico y social de la población.
"Consideramos que esta decisión pone en peligro la institucionalidad gremial, la libertad de asociación y de representatividad de la república de Nicaragua, limitando así las condiciones para la atracción de inversiones y generación de empleo", puntualizó el Cohep.