Inicialmente, la Policía Nacional se había negado a llevar a cabo el desalojo, pero finalmente, cumpliendo con la orden judicial, la tarde de este miércoles procedieron a retirar a las personas que habían obstaculizado durante casi tres semanas las labores en dicho centro hospitalario.

El Ministerio Público, tras recibir varias denuncias por parte de la dirección del Hospital San Felipe, determinó ayer que los colectivos de Libre estaban cometiendo el delito de usurpación de un bien público y solicitó al Poder Judicial que designara inmediatamente un juez para encargarse del proceso de desalojo.

Entre las principales exigencias de los colectivos de Libre se encontraba la destitución del director del hospital, Carlos Murillo, y el otorgamiento de más de 100 plazas laborales.

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El Sindicato de Trabajadores y Enfermeras del Hospital San Felipe (Sitraehsanfe) también se manifestó en contra de cambios administrativos implementados por la dirección, lo que alentó aún más la crisis interna en el centro de salud.

Durante casi tres semanas, las tomas en el Hospital San Felipe causaron afectaciones en la atención de aproximadamente 450 pacientes, según diversas denuncias de empleados del mismo.

Crisis

Desde que la presidenta Xiomara Castro asumió el cargo el 27 de enero de 2022, los simpatizantes de su partido, Libre -que llegó al poder tras 12 años continuos del Partido Nacional y altos niveles de polarización-, han organizado protestas para reclamar plazas laborales en diversas instituciones públicas, especialmente en hospitales.

Esto ha provocado violentas solicitudes de destitución de altos funcionarios de salud, como la del secretario de Salud, José Matheu.

El pasado 28 de abril, la jefa de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, Sonia Amaya, renunció debido a distintas presiones de los colectivos de Libre.

Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su preocupación, destacando que la toma de instalaciones de salud por parte de grupos protestantes limita el acceso a servicios médicos, vulnerando así el derecho fundamental a la salud, "que es esencial para el ejercicio de otros derechos humanos".

Aunque la ONU aseguró meses atrás que reconoce el derecho del pueblo a manifestarse pacíficamente, enfatizó en que es crucial garantizar el acceso a servicios de salud para toda la población.

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