"Toda la corrupción y todos los vicios que tiene ese contrato desde su conceptualización están legalizados. El hecho que esté legalizado no estamos hablando necesariamente que sea ético y moral", declaró el funcionario en el foro Frente a Frente, de Canal 5.

En ese sentido, señaló que no está cuestionando la operación de Palmerola, sino la forma en que se concibió la concesión. Según su criterio, las concesiones deberían utilizarse cuando un Estado no tiene la capacidad de desarrollar un proyecto por sí mismo. Sin embargo, Honduras ha invertido más de 126 millones de dólares en el aeropuerto.

Además, destacó que a pesar de ser una concesión, esta debería generar beneficios para el Estado. Sin embargo, en el contrato firmado el 31 de marzo de 2016, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), se eximió al aeropuerto de impuestos y tasas, lo que ha resultado en que el aeródromo, que fue cofinanciado a través de una asociación público-privada, no aporte ningún tributo, lo que representa una pérdida de 16 millones de dólares.

"Pareciera que el concesionario y los funcionarios y representantes del Estado se sentaron juntos para establecer esas bases de licitación, en las que el Estado de Honduras no obtiene ningún beneficio de esta operación", manifestó Ramos, quien considera que el proyecto está sobrevalorado.

Rebeldía de Ramos

"Nadie está diciendo que lo que está firmado ahí sea ilegal, todo está legalizado, la corrupción se legaliza, de eso se trata", agregó el titular de la SIT.

En ese sentido, calificó al Aeropuerto Palmerola, inaugurado el el 16 de octubre de 2021, como una "estafa legalizada" perpetrada por personas que ven al Estado como una fuente de beneficios ilícitos.

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Declaró: "cuando digo 'me declaro en rebeldía' es porque no voy a seguir avalando" esta concesión. Y puso su cargo a disposición de la presidenta Xiomara Castro en caso de que ella no esté de acuerdo con su decisión.

Respuesta de PIA

Erick Spears, presidente del Consejo de Administración de Palmerola International, destacó que el conflicto es un asunto legal, ya que la rebeldía de Ramos impide que PIA cumpla con sus obligaciones estipuladas en el contrato, lo cual consideran una omisión de deberes por parte del funcionario.

"Esperamos resolver estas diferencias a través de un acuerdo directo (que ya se ha iniciado entre ambas partes), o de lo contrario nos veremos obligados a recurrir a un arbitraje internacional, lo que sería la séptima demanda que el Estado enfrentaría ante el CIADI", señaló el abogado.

PIA reitera que ganaron la licitación en base a ley y que las condiciones del contrato de concesión fueron impuestas por el Estado.

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