La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) mostró su preocupación ante la incertidumbre "sobre la legitimidad o ilegitimidad" de la Junta Directiva del Congreso Nacional encabezada por el diputado Luis Redondo.

"Instamos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como otros entes afines, se pronuncien sobre esta situación y se aclare definitivamente, contribuyendo de esta manera al corrector caminar democrático del país", reza el comunicado leído por el portavoz de la CEH, padre Juan Ángel López.

Ante el pronunciamiento, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Shirley Arriaga, recordó que la Sala de lo Constitucional ya declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Junta Directiva que ella integra, por lo que considera que estas declaraciones "buscan boicotear la institucionalidad que estamos reconstruyendo".

"Deben de ser más prudente en sus declaraciones, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro está haciendo esfuerzos importantes de gobernabilidad, para proveer a la ciudadanía seguridad y bienestar. Estamos trabajando desde el Congreso Nacional para tener marcos jurídicos que puedan respaldar a la ciudadanía", acotó la diputada.

¿Qué pasó con la Junta Directiva?

Honduras vivió una crisis política a inicios de 2022 cuando paralelamente juramentaron el 25 de enero a dos juntas directivas del Poder Legislativo para el período 2022-2024.

Una, la de Redondo, fue instalada como cumplimiento a una la alianza de hecho entre el Partido Salvador de Honduras (PSH), Pinu y Libre, y otra de Jorge Cálix.

El 7 de febrero, Cálix interpuso su renuncia a la Junta Directiva, después de llegar a un acuerdo con su partido, mismo que la había expulsado de sus filas por no apoyar a Luis Redondo.

Entretanto, el analista Juan Carlos Barrientos es del pensar que la juramentación de la Junta Directiva de Redondo violentó los procesos constitucionales.

“Aunque se aferren a defender su legalidad, la gente consiente sabe que esa Junta Directiva del Congreso Nacional adolece múltiples defectos y que necesita ser refrendada o cambiada”, sentenció.

Del mismo modo, indicó que es preocupante que dicha directiva “ilegal” sea la que procesa a elegir a los próximos 15 magistrados de la CSJ.

Más de la CEH: Combate contra la corrupción

La Conferencia Episcopal de Honduras también manifestó que la corrupción compromete el correcto funcionamiento del Estado e introduce desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando menosprecio de los ciudadanos por la política, debilitamiento de los organismos y empobrecimiento de la población.

En el marco de la lucha contra la corrupción, la Conferencia ve con buenos ojos el diálogo entre la presidenta hondureña Xiomara Castro y secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres y esperan que se haya firmado el memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

"Llamamos a toda la sociedad a no permanecer indiferente ante la injusticia, puesto que no basta la denuncia cuando lo que hay que hacer es unirse para la promoción activa del bien común. Por eso, se hace absolutamente necesario que el sistema de justicia respete y responda a los derechos que la sociedad hondureña y todo ser humano tiene", detalló el portavoz.

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Por otra parte, piden que la Junta Nominadora para la proposición de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea respetada, se autor respete y rechace todo intento de manipulación.

Al respecto, invitaron a los buenos hondureños a autopostularse como candidatos a la CSJ, a partir de este 15 de octubre cuando la Junta Nominadora abra la convocatoria.

"Consecuentemente, es necesario que todos los ciudadanos exijamos a nuestros representantes en el Congreso Nacional, que debe escuchar la voz de la mayoría del pueblo, un ejercicio recto de la justicia, para que la elección no sea partidista", expresó el padre.

Damnificados por lluvias

La Conferencia Episcopal mostró su solidaridad con los hondureños damnificados por las inundaciones, deslizamientos, pérdidas de cosechas y bienes provocados por las lluvias que azotan el territorio nacional desde septiembre y que se agudizó tras el paso del fenómeno tropical Julia durante el pasado fin de semana.

"No solo nos duele la situación de tantos ciudadanos, sino también el constatar la irresponsabilidad de las autoridades que tienen el deber de la prevención para evitar que se repitan estas desgracias", expresó.

En tal sentido, reprochan la falta de prevención y respuesta inmediata de las actuales autoridades para ayudar a los perjudicados.

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