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En estos intentos, llevados a cabo con horas de diferencia, Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), nominó a Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas como fiscal general adjunto. Sin embargo, esta propuesta solo obtuvo 52 votos, la mayoría proveniente del oficialismo, de los 86 necesarios para ser considerada y discutida.
Por otro lado, Jhosy Toscano, jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), propuso a Marcio Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendares como fiscal adjunta. Esta nominación fue respaldada por la oposición, conformada por el Partido Nacional y el Partido Liberal, obteniendo 74 votos a favor de 128 diputados.
Como resultado, los sucesores de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, últimos titulares del Ministerio Público, no fueron elegidos después de que estos vacaron sus cargos el 1 de septiembre al concluir su periodo constitucional de cinco años (2018-2023).
Sibrián, el fiscal adjunto, permanece en su puesto, argumentando el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL), que establece que los funcionarios designados por el Congreso Nacional deben continuar en funciones hasta que se elijan sus reemplazantes. Además, asume las funciones del fiscal general, según el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público, después de que Chinchilla dejara el cargo para ser juramentado como vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) con sede en Managua, Nicaragua.
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La promesa incumplida
Desde el 31 de agosto hasta la fecha, se han celebrado diversas reuniones entre la Junta Directiva del Congreso Nacional y los líderes de las bancadas de los partidos políticos para llegar a un acuerdo y nombrar a los nuevos fiscales generales. Sin embargo, estas negociaciones no han tenido éxito.
El 25 de septiembre, el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, anunció, aunque sin una convocatoria oficial, que el 17 de octubre los diputados regresarían a sesionar en la cámara legislativa.
La secretaria del Congreso Nacional, Angélica Smith, ratificó el pasado 14 de octubre que la actividad se reanudaría este martes en el hemiciclo.
A pesar de esto, Redondo no convocó a una sesión, sino a una reunión con la Junta Directiva y posteriormente con cada uno de los líderes de las bancadas. Como resultado, hoy se cumplen 47 días sin sesiones en el Congreso Nacional.
Ante esto, sigue vigente el llamado del Partido Nacional a la oposición, a reunirse en sesión extraordinaria, en el marco de los artículos 190 de la Constitución de la República y 58 de la LOPL. Estos artículos establecen que el Congreso Nacional puede convocar sesiones extraordinarias "cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros" para tratar temas específicos.
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