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Los estudios de opinión pública en Honduras coinciden en que la apreciación ciudadana sobre el papel de los diputados en el Congreso Nacional está inmersa en un contexto general de desaprobación y rechazo por el mecanismo que se utiliza para la discusión y aprobación de las leyes en nuestro país.
Los ciudadanos que se consideran representados en el Poder Legislativo son una minoría, pero son pocos los que cuentan con un amplio conocimiento sobre el rol que se desempeña en la Cámara Legislativa.
Los indicadores de opinión pública que comparte el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) muestra la desconfianza y desencanto de los hondureños con los diputados y diputadas por la percepción de los actos de corrupción que se esgrimen al interior del hemiciclo legislativo.
En esta encuesta ERIC, exponen la valoración sobre la actuación de los congresistas hondureños, el 29.6% de la población considera que la actuación de los diputados del partido Libre es mala, mientras el 29.2 cree que es buena.
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En el otro extremo está el Partido Nacional donde el 41.1% de los consultados consideran que la actuación es muy mala o mala. Por su parte el 13.9% cree que las actuaciones de los parlamentarios nacionalistas son buenas.
De su lado, la labor diaria de los congresistas del Partido Liberal respecto a temas de relevancia en el Congreso Nacional tiene una evaluación de los consultados de 35.1 mala y 26.6 buena.
Un 33.6% de los encuestados evalúan el desempeño del Partido Salvador Honduras como malo y el 23.7% valora positivamente el trabajo de los diputados del PSH en el Congreso Nacional.
Entre las instituciones donde los hondureños depositan su confianza se encuentra la iglesia evangélica y católica con 54.8% y 53%, respectivamente, y en el otro extremo encontramos que al 75.2% de la ciudadanía que no confía en el Congreso Nacional.
Doble discurso desde el Congreso Nacional
El Congreso Nacional se ha convertido en un escenario lleno de ambiciones políticas, impidiendo debates de altura donde sobresalen propuestas que se consideran populistas y demagógicas.
En apenas seis meses es extensa la lista de iniciativas que se han debatido en el Poder Legislativo y que diferentes sectores de la sociedad lo califican como desmedidos, abusivos e ilegales por sus efectos negativos.
Junta Directiva
En enero de 2022, dos facciones del Partido Libertad y Refundación se declararon autoridades del nuevo Congreso Nacional. Ambas juntas directivas fueron juramentadas, una de las dos ha quedado en funciones; sin embargo, es evidente la falta de voluntad por legalizar dicha junta.
Ley de amnistía de presos políticos
Bajo la figura de esta ley y con la ausencia de diputados propietarios, la junta directiva a cargo del diputado Luis Redondo, reformó la Ley de Amnistía Política que finalmente fue aprobada, sancionada y publicada.
Entre los funcionarios que se beneficiaron están Marcelo Chimirri, sobrino de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, a quien se le declaró culpable de enriquecimiento ilícito mientras fungía como gerente general de la Empresa de Telecomunicaciones, (Hondutel).
Enrique Flores Lanza, actual asesor presidencial, quien se mantuvo prófugo durante 12 años en Nicaragua, también fue favorecido con esta legislación. Enfrentaba acusaciones por 11 delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hondureño.
Bajo esta misma ley fue beneficiado el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri. Un juzgado de Letras de lo Penal declaro ha lugar la petición de amnistía para el edil sampedrano, quien era acusado de 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Padilla Sunseri estuvo en el exilio desde 2019 tras ser acusado de desviar más de L9 millones durante su gestión entre 2006 y 2010.
Prueba de Aptitud Académica
Otro de los temas que causó polémica fue el relacionado a la Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La eliminación de esta prueba dividió a diferentes sectores de la sociedad.
Un grupo de legisladores argumentó que este requisito de ingreso era un “obstáculo para los estudiantes que soñaban con ingresar al Alma Mater”. En rechazo a ese concepto, los académicos señalaron que atentaban contra la autonomía universitaria.
Procurador General de la República
A la media noche y sin reunir los requisitos que establece el Congreso Nacional, fueron nombrados José Manuel Díaz como procurador general de la República y Thomas Andrade Rodas como subprocurador.
los procedimientos establecidos por la Constitución.
“El Congreso Nacional nombró al nuevo procurador y subprocurador de la República sin seguir las normas y procedimientos que establece la Constitución, irrespetando, de esta forma, principios de transparencia y veeduría ciudadana”, posteó seguidamente en su cuenta de Twitter, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Empleo por hora
Otra discusión alrededor de la cámara legislativa se centró en la derogación de la Ley de Empleo por Hora que brindaba oportunidades de ingresos económicos a más de 700 mil hondureños a nivel nacional.
Los empresarios exhortaron a los congresistas para que la ley se evaluara para no derogarla.
De su lado Juan Barahona, diputado proyectista, propuso que el trabajo parcial tenía que desaparecer por suponer que violenta los derechos de los obreros.
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Diputados "Engels"
“Sí al juicio político contra diputados criminales señalados en lista Engels” escribió en 2021, Luis Redondo, exigiendo que los parlamentarios mencionados en la lista Engels fueran inhabilitados de su cargo.
En 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una nueva lista donde aparecen los diputados vicepresidentes Rasel Tomé y Edgardo Casaña.
En respuesta a los críticos, Redondo contestó que no puede inhabilitar parlamentarios que sean señalados por delitos y que para eso están las instituciones competentes.
Estos son algunos de los temas de mayor fricción que han sido conocidos por el Poder Legislativo, desde que fue inaugurada la primera legislatura el 25 de enero anterior.
Presupuesto 2018 – 2022
En junio de este año, el nuevo Congreso Nacional presento un informe financiero sobre la gestión de la administración anterior donde se destacan sobrevaloraciones en el presupuesto de la pasada junta directiva.
El Partido Nacional contrató a 1,270 personas, lo que significó un gasto de más de L25 millones mensuales, alquiler de vehículos y aeronaves equivalente a L227.5 millones, correspondiente al período 2018-2021.
El monto total defraudado ascendió a aproximadamente a tres millones de lempiras en las dos últimas legislaciones, según los hallazgos encontrados por el equipo de finanzas del diputado Luis Redondo.
Presupuesto actual
Comparado con la ejecución del presupuesto de la administración anterior, el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP) muestra que el Poder Legislativo erogó durante julio más de L13 millones en concepto de viáticos, pese a ser un período de receso.
Entre junio y julio no hay actividad en la cámara legislativa, ya que los diputados estaban de vacaciones; sin embargo, el titular de este poder del Estado, Luis Redondo argumento el gasto de los más de L13 millones, asegurando que sus compañeros de cámara trabajaron desde sus comunidades.
El Congreso Nacional recibió una asignación presupuestaria de L1,448 millones de lempiras para el 2022 con un aumento de L200 millones comparado al presupuesto de 2021, fondos que provienen del Presupuesto General de la República 2022.
"Hay que corregir prácticas del pasado"
Para la directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), Julieta Castellanos, para alcanzar una percepción más positiva del Poder Legislativo, los diputados y diputadas deben corregir las prácticas del pasado como: No entregar la agenda con antelación de al menos 48 horas, solicitar dispensa de dos debates, aprobar los temas sensibles a la media noche, entre otras.
Las diferencias políticas que se originan desde el Poder Legislativo, pone en evidencia los intereses personales y las ambiciones de grupos interesados en abrir las grietas y profundizar la división entre los diputados de las diferentes bancadas del Congreso Nacional, han expresado analistas consultados por tunota.
Desde el Congreso Nacional urge entrar a un proceso de diálogo que permita la integración de una cámara legislativa desde donde se garantice un Estado de Derecho para promover un ambiente de consenso y así rescatar la democracia en el país.
