El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo el viernes que los empresarios de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) no tendrán derecho a hacer reclamos al Estado de Honduras tras derogar los polémicos proyectos, aprobados en el gobierno anterior.
Las ZEDE son empresa que "están trabajando ilegalmente y cómo ya se derogó la Ley Orgánica, estas no tienen derechos, atribuciones, potestades ni pueden expandirse" en Honduras, expresó Redondo ante medios de comunicación.
La abolición de las reformas a los artículos 294, 303, 304 y 329 de la Constitución de la República, para crear las ZEDE ya se publicó en el diario oficial La Gaceta, porque no necesita sanción del Ejecutivo.
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En tanto que la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE sí requiere sanción para que se publique en el diario oficial, por lo que ya se envió a la Presidencia de la República, explicó Redondo.
¿Cómo quedarán las ZEDE?
A su vez, el titular del Congreso hondureño indicó que será el Poder Ejecutivo que ahora decidirá cómo quedan las ZEDE que se instalaron en el país "que son como cualquier otra empresa, pero operan ilegalmente".
Actualmente, se encuentran en funcionamiento tres ZEDE en Honduras: Ciudad Morazán (Choloma), Orquídea (Colón) y Próspera (Islas de la Bahía).
Estas empresas "siempre fueron ilícitas, no pueden alegar desconocimiento, y la opción que pueden tener es ampararse a los procesos de las demás empresas en Honduras, o podrían darle algún tipo de régimen, pero eso lo decide el Ejecutivo", expresó Luis Redondo.
El diputado hondureño señaló que los empresarios que instalaron las ZEDE, violentando Constitución y la soberanía de Honduras, "son delincuentes porque están cometiendo delitos imprescriptibles".
Surgimiento de las ZEDE
Las ZEDE se aprobaron en 2013 durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) y fueron promovidas por la administración del mandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue requerido y entregado en extradición a Estados Unidos, el jueves 21 de abril, como estrategia para crear empleo.
De conformidad con lo establecido en la Ley que las regula, las ZEDE tenían personalidad jurídica. Además, estaban autorizadas para establecer su propia política y normativa, y también gozaban de autonomía funcional y administrativa, entre otros regímenes.
La creación de esos espacios autónomos fue rechazada por empresarios, la academia, los gremios de abogados e ingenieros, iglesias, y sectores de sociedad civil, por considerarlas inconstitucionales.
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