La llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los hondureños en Estados Unidos están condicionados a la ratificación de la actual junta directiva del Congreso Nacional, según la juez de Sentencia del Poder Judicial, Karla Romero.

Estas situaciones, según la togada, generan desorden en el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, lo que entorpece las negociaciones para los programas antes descritos.

"Nos están pidiendo que fortalezcamos el Estado democrático de derecho para que llegue una CICIH, quiten leyes impunidad para que llegue, pero sobre todo para que le den el TPS a nuestros compatriotas en EE. UU.", indicó Romero.

La Comisión fue una promesa en campaña de la ahora presidenta Xiomara Castro, sin embargo no se han informado avances después de un memorándum de entendimiento respondido por el Gobierno a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 22 de agosto.

Mientras, el Estatus de Protección -beneficia a 58 mil hondureños- fue cancelado en 2018, pero tras una demanda, aún en litigio, interpuesta por migrantes contra su finalización ha permitido que se extienda hasta el próximo 31 de diciembre, no obstante, migrantes exigen al Estado de Honduras que solicite un nuevo TPS para estar protegidos ante el futuro incierto.

La jueza enfatizó que la legalización de la junta directiva del Legislativo es parte de las acciones necesarias "para hacer las cosas en orden", fortalecer el Estado de derecho y obtener estos beneficios para el país.

Junta directiva

El pasado 21 de enero en el hemiciclo se juramentaron dos juntas directivas, una encabezada por el diputado del partido oficialista Libre, Jorge Cálix (siguiendo los pasos conforme a ley) y otra por el parlamentario del PSH (partido de alianza), Luis Redondo.

Para el 23 de enero ambas juntas fueron ratificadas, la de Cálix en un club en el sector de Zambrano, ya que el hemiciclo ubicado en el centro de la capital fue "tomado" por simpatizantes de Libre, quienes solo permitieron el ingreso para quienes estaban a favor de la junta de Redondo, pues su llegada al poder del hemiciclo fue parte de los acuerdos de la alianza Libre-PSH.

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Para el 23 de enero, ambas juntas fueron ratificadas, la de Cálix en un club en el sector de Zambrano, ya que el hemiciclo ubicado en el centro de la capital fue "tomado" por simpatizantes de Libre.

El 7 de febrero Jorge Cálix interpuso su renuncia al igual que su junta directiva luego de llegar a un acuerdo con su partido, Libre, mismo que los había expulsado de sus filas tildándolos de traidores por no apoyar a Luis Redondo.

Con este acuerdo, los disidentes volvieron a las filas del partido oficialista, mientras la presidencia del Legislativo recayó en el militante del PSH.

Redondo vs. Romero

El titular del Poder Legislativo pidió que se investigue a la jueza de Sentencia, luego de conocerse públicamente que ella había interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso Nacional, que de ser aceptados supondría que la directiva de Redondo es ilegal.

"No puedo entender cómo alguien como esta persona (Karla Romero) pueda estar donde está, investiguen y se sorprenderán, así como me sorprendí yo", dijo Redondo ante medios nacionales sin detallar qué debía indagarse.

Por su parte, la abogada, quien por la crisis en la junta directiva juramentó a la presidenta Castro el 27 de enero en su asunción (la ley establece que lo haga el titular del Legislativo), catalogó estas de Redondo declaraciones como un ataque personal contra ella y recalcó que sus recursos son contra el decreto de amnistía.

"Yo no he presentado ningún recurso de forma directa contra la legalidad o no de la junta directiva del Congreso Nacional, ahora que, dentro del recurso (contra la Ley de Amnistía) vaya mencionado el efecto de la validez de la norma es otra situación, porque adolece circunstancias normativas exclusivamente", dijo a HRN.

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