El secretario ejecutivo y adjunto en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), tipificados en la nueva Ley de Seguridad y Defensa, estarían limitados a cumplir órdenes de la presidencia de la República, actualmente ocupada por la mandataria Xiomara Castro, así lo detalló el dirigente del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos.

En ese sentido, el activista explicó que las personas que ostenten estos cargos, específicamente el ejecutivo, tendría un pequeño margen de decisión propia, pese a las atribuciones que le adjudican.

"Si bien es cierto tiene una enorme cantidad de atribuciones, esa figura es de alguien que ejecuta una línea de trabajo que es dictada por la presidencia de la República", manifestó en el foro Frente a Frente de Televicentro.

Y es que, el artículo 7 de este proyecto de ley enviado por Castro al Congreso Nacional establece tendrá facultades similares a la presidenta en el CNDS, contarán con equipo técnico especializado y un presupuesto asignado, aunque sus acciones serán directrices de la titular del Ejecutivo.

CNDS fuera del tradicionalismo

Ríos aseguró que la susceptibilidad mostrada ante la Ley de Seguridad y Defensa, por dos factores: una materia comprometida con el crimen organizado y un CNDS no tradicional que responda a intereses.

"Tenemos una seguridad del país que estuvo comprometida con el crimen organizado en los últimos 13 años, como prueba la situación del expresidente Juan Orlando Hernández y la extradición de un exjefe de la Policía, el caso del "Tigre" (Juan Carlos) Bonilla", explicó.

"Vamos a tener una dirección de la defensa y seguridad que no responde a los grupos tradicionales, sino esta fuerza emergente que es el partido Libertad y Refundación que no responde a intereses de la élite económica del país, no tiene vínculos con el narcotráfico y crimen organizado, que no está coludido con las redes de saqueo del Estado de Honduras", agregó Ríos.

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Un secretario ejecutivo no se puede sacar de la manga

Por su parte, el general de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en condición de retiro, Luis Maldonado, señaló que este problema viene desde la ley en vigencia (desde 2011), donde al secretario ejecutivo, titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), se le dan atribuciones como la aplicación de política en defensa y seguridad.

"La política de defensa, su diseño de las Fuerzas Armadas y su aplicación también, no la va a aplicar un director de inteligencia, ahí hay una deformación de cuáles deben ser las facultades de los funcionarios", acotó.

Asimismo, detalló que el CNDS solo brinda opiniones, pero las decisiones finales vienen desde la presidencia del país, por lo que en la nueva ley no debe dársele atribuciones a cargos de secretarios sobre política de defensa.

"No se puede sacar de la manga de la camisa a un secretario ejecutivo y adjunto, al cual se le den responsabilidades de planes, presentación de políticas de propuestas de estrategia, etc.", expresó.

"El secretario ejecutivo en un Consejo es otro funcionario que ya está nombrado en una función y que hace a veces de secretario ejecutivo", es decir, no una persona que solo ostente dicho puesto.

No puede haber riesgo

El general de las FF. AA. en condición de retiro, Isaías Barahona, señaló que un secretario ejecutivo y adjunto interviene la línea directa del poder en un CNDS que determina que es riesgo para el país.

"¿Por qué vamos a trasladar esa responsabilidad en un individuo que no necesariamente esté asociado con estas responsabilidades?", cuestionó, al mismo tiempo habló del "riesgo que existe, porque ahí se puede poner a cualquier persona".

"Va a tocar temas esenciales de la vida del Estado, internos como internacionales, tenemos que estar seguros que ahí no tenemos un riesgo, en ningún sentido, ya sea por incompetencia o por intención, porque entonces estamos contaminando una línea que debe ser perfecta", apuntó.

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