La coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, advirtió que las negociaciones entre ese organismo y el Gobierno de Honduras para la firma del convenio Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) están en un 'momento crítico'.

"Las condiciones son críticas para la posible firma", indicó la funcionaria en entrevista a Grupo Opsa, en la que precisó que el retraso del Congreso Nacional en aprobar reformas legales que se requieren para la instalación de la CICIH y el rechazo del Ejecutivo a la primera propuesta de convenio son lo obstáculos que mantiene empantanado el proceso que lleva dos años en negociación.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) solicita que, para allanar el camino de la creación de la CICIH, se requiere que el Congreso Nacional reforme la amnistía política aprobada para funcionarios del Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) y algunos artículo del Código Penal, así como la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.

Ante esas demoras, Shackelford, expresó que "se necesita claridad en próximos pasos y términos de prioridad dentro del mismo gobierno".

'Atajo' para aplazar reformas

El pasado 17 de abril, la diputada Hortensia Zelaya presentó en el Congreso Nacional la iniciativa de Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), el cual, fue enviado por el Gobierno a la ONU en una segunda propuesta de convenio para establecer el mecanismo en el país, previo a aprobar las reformas solicitadas.

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El primer artículo establece que adquirirá personalidad jurídica como querellante autónomo por un período de cinco años. Esta personalidad jurídica le otorgará atribuciones y facultades de acusador privado durante dicho lapso. Además, se especifica que será el Fiscal General quien conceda las acreditaciones de personalidad jurídica a los miembros de la CICIH que lo soliciten.

Dentro de las facultades de la Comisión como querellante autónomo se encuentra la capacidad de llevar a cabo investigaciones, presentar acusaciones y participar en el enjuiciamiento de redes de corrupción que involucren tanto el sector público como el privado. También se le atribuye la recepción de denuncias tanto de personas naturales como jurídicas, remitiendo aquellas que no estén dentro de su competencia al Ministerio Público.

El proyecto de ley contempla igualmente la financiación del mecanismo mediante contribuciones provenientes del Estado de Honduras y de la comunidad internacional. Además, se establecen inmunidades para el personal de la Comisión, las cuales incluyen protección contra arresto y confiscación de sus pertenencias, así como exención de impuestos sobre sus ingresos y beneficios.

Proceso de la CICIH

La CICIH fue una de las promesas electorales de la presidenta Xiomara Castro, quien formalmente solicitó el mecanismo a la ONU en febrero de 2022 tras su asunción. En diciembre del mismo año, se firmó un memorándum de entendimiento entre la ONU y el Gobierno de Honduras, que consta de dos fases antes de la posible implementación de la CICIH.

Entre las recomendaciones de la ONU destacan la derogación o reforma de leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción, la aprobación de una ley de colaboración eficaz y modificaciones al Código Penal.

A pesar de que la presidenta Castro presentó una propuesta de convenio durante una reunión en Nueva York con representantes de la ONU, aún no se ha fijado una fecha para la implementación de la CICIH.

Por otro lado, el Gobierno de Honduras clasificó las negociaciones internacionales relacionadas con la CICIH el 26 de marzo.

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