La iniciativa de ley especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), presentada por la diputada Hortensia Zelaya el pasado 17 de abril en el Congreso Nacional, limitaría las competencias del mecanismo internacional, según el abogado Jair López.

El jurista expone que el decreto establece varios delitos de administración pública y los combina con actos de gestión pública sobre los cuales va a actuar la CICIH, creando un "catálogo" que a futuro presentaría un problema por la misma delimitación.

"Imagínese que se reforma el Código Penal, qué tal si en esa reforma sale un tipo penal nuevo en materia de corrupción que no está establecido en el decreto, entonces no lo va a poder perseguir. Debe mejorarse dejándolo de una manera más abierta", explicó López en el foro Frente a Frente de Canal 5.

Si bien en el artículo 2 del proyecto de la CICIH se le faculta como un querellante autónomo para investigar, acusar y llevar a juicio redes de corrupción, así como el ejercicio independiente de acciones investigativas, presentación de requerimientos fiscales y comparecencia en juicio, se enumeran una serie de tipos penales a perseguir como:

  • Contratos de crédito público para obras de infraestructura abandonada o defectuosa, contrabando, fraude de subvenciones y ayudas, concesiones aeroportuarias, concesiones al sector de pesca, contratos y concesiones al subsector de energía, el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones, contratos y concesiones a los sectores de agua, bosque, minas metálicas y no metálicas y demás recursos naturales.
  • Malversación de caudales públicos, fraudes al Estado, delitos electorales que alteren gravemente la voluntad popular, fraude a la seguridad social y al sistema de pensiones, aprobación de leyes, contratos y concesiones corruptas en el Congreso Nacional, fideicomisos, alianzas público-privadas, defraudación y evasión fiscal, prevaricato y cohecho de jueces y fiscales, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, testaferrato, así como la conducta administrativa de los titulares de los poderes del Estado.

Por otra parte, para López es preocupante que en el proyecto no se mencione al Poder Judicial, pues no serviría de nada presentar acusaciones ante jueces que "no son nombrados de manera independiente".

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Iniciativa aún puede ser modificada

El proyecto de la 'Pichu' Zelaya, avalado por el Poder Ejecutivo y enviado a las Naciones Unidas (ONU) como auspiciador del mecanismo para su revisión y agilización del convenio para instalar la CICIH, tiene que pasar por la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, que se encargará de la revisión y modificación del proyecto antes de discutirlo con el Pleno de diputados.

"Seguramente en el análisis jurídico, la comisión al interior del Congreso puede decir: por técnica legislativa esperemos u ordenamos que nos enseñen cómo va el convenio para ensamblarlo", explicó el abogado Ramón Barrios.

Más detalles de la iniciativa de la CICIH

La propuesta de ley especial presentada por la diputada Zelaya es un 'atajo' para evitar reformar el artículo 232 de la Constitución de la República que establece que corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción penal pública y así darle a la CICIH las facultades de perseguir delitos con independencia.

En su primer artículo, establece que la CICIH tendrá personalidad jurídica como querellante autónomo, con atribuciones y facultades de acusador privado durante cinco años. Además, se especifica que el Fiscal General será el encargado de otorgar las acreditaciones de personalidad jurídica a los miembros del mecanismo que lo soliciten.

Entre las atribuciones del mecanismo como querellante autónomo se incluyen la investigación, acusación y enjuiciamiento de redes de corrupción público-privada, así como la recepción de denuncias de personas naturales y jurídicas. Aquellas denuncias que estén fuera de su competencia serán remitidas al Ministerio Público.

El proyecto de ley también contempla la financiación de la CICIH a través de contribuciones del Estado de Honduras y de la comunidad internacional. Asimismo, se garantizan inmunidades para el personal de la Comisión, incluyendo protección contra arresto y confiscación de su equipaje, así como exención de impuestos sobre su salario y prestaciones.

Proceso para la instalación de la CICIH

La CICIH es una iniciativa para crear un organismo independiente e internacional contra la corrupción en Honduras. Su instalación requiere modificar el artículo 232 de la Constitución, previsto para entrar en vigor en 2025 si se aprueba este año. El artículo trata sobre las atribuciones del Ministerio Público en la acción penal pública.

Tras la aprobación, la Comisión obtendría las atribuciones necesarias. El Gobierno y la ONU firmaron un acuerdo en diciembre de 2022, extendido hasta junio de 2024, para establecer la CICIH, actualmente en negociaciones sujetas a la aprobación del Congreso Nacional. Entre las reformas propuestas están la ley de colaboración eficaz y cambios al Código Penal, además de la derogación de la inmunidad parlamentaria y la amnistía política.

A pesar de la presentación de una propuesta de convenio en febrero, mismo que deberá ser aprobado por el Legislativo por mayoría calificada (86 votos de 128 diputados), aún no hay fecha establecida para su implementación.

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