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El caso del Fondo Departamental y la presunta corrupción que ahí se origino mantiene confrontados a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en un claro ejemplo de descoordinación y de complejidad en la lucha anticorrupción.
Mientras la Uferco acusa TSC de falsear información en sus reportes, este quiere que le digan quienes son los diputados a los que están investigando.
El caso 'Pandora II' que involucra a un diputado y varios exdiputados por el mal manejo de los fondos departamentales mantiene los ánimos caldeados entre la Uferco y el TSC que en lugar de complementarse en las investigaciones anticorrupción se enfrascan en una batalla verbal que deja en evidencia la descoordinación que impera en la institucionalidad.
"Deben de entenderse, coordinarse, ponerse de acuerdo y complementarse, y si uno ocupa información del otro lo lógico en estos procedimientos es que se la brinden mutuamente",
El fiscal de la Uferco, Javier Santos, acusó al TSC de emitir informes falsos y amenazó con investigar a los magistrados de dicha institución porque según conoció ellos entregaron finiquitos a imputados con el propósito de beneficiarlos aun cuando las pruebas afirman que no ejecutaron los proyectos para los cuales pidieron fondos.
Mientras autoridades del TSC respondieron evadiendo los señalamientos y solicitando los nombres de otros diputados que están siendo investigados al final de todos esas acusaciones desglosan la falta de confianza en la entidad auditora.
"En este caso esa amenaza de la fiscalía en cuanto investigar a los señores del TSC revela la falta de confianza que hay para los organismo contralores del Estado", dijo Raúl Pineda, doctor en derecho penal.
Mientras hay quienes critican a Javier Santos que no está dando los resultados esperados, pese a que se le otorgaron superpoderes bajo la premisa de fortalecer la lucha contra la corrupción.
A finales de mayo el Congreso Nacional aprobó otorgarle a la Uferco la posibilidad de presentar requerimiento fiscales sin la autorización del Fiscal General lo cual fue cuestionado por sectores que consideraron se instaló una paralela al Ministerio Público.
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