La reunión se celebró en el marco de la visita in situ (en el lugar) que realiza la CIDH en Honduras, que inició este día y que concluirá el viernes 28 de abril.

Durante el encuentro, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, y los magistrados y las magistradas del Alto Tribunal atendieron a la delegación de la CIDH, encabezada por su presidenta, Margarette May Macaulay, y su vicepresidenta, Roberta Clarke.

"Pleno de magistrados y magistradas de CSJ manifestaron a delegación de CIDH el compromiso para impulsar medidas integrales de protección a la mujer, la tutela efectiva de libertades de privados de libertad y cualquier otra acción para terminar con situaciones violatorias de DD. HH.", publicó el Poder Judicial hondureño en sus redes oficiales.

Y añadió: "Se manifestó la disposición de responder cada una de las inquietudes e interrogantes de los funcionarios de la CIDH en los temas que compete al sector justicia".

La visita in loco, la primera en cinco años que efectúa la CIDH en Honduras, comenzó este lunes con una evaluación del estado de los derechos de los presos, etnias y otros grupos sociales y humanitarios del país.

Situación de las mujeres hondureñas

Con relación a los particulares que formaron parte de la agenda tratada entre la CSJ y la CIDH este día, Honduras se enfrenta a un contexto complejo.

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Según datos de la oenegé Centro de Derechos de Mujeres (CDM), con sede en Tegucigalpa, en lo que va de 2023 han muerto violentamente 101 mujeres hondureñas.

Los decesos se han registrado en 40 municipios del país y los feminicidios han alcanzado a personas de entre cuatro y más de 60 años.

El pasado 24 de febrero, días después de asumir el poder, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, aseguró que su gestión se iba a caracterizar por "la defensa de los derechos de las mujeres" y que "sin contemplación ni tolerancia" iban a combatir "las conductas nocivas que amenazan a la mujer".

Crisis en las cárceles

En las cárceles de Honduras también hay problemas. Entre el 8 y el 20 de abril se han registrado cuatro reyertas violentas y, producto de ello, más de 20 personas han resultado heridas y otra ha muerto.

En ese contexto, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, decretó el 9 de abril una "enérgica intervención" del sistema carcelario.

El plan de acción contempla un desarme general, una reestructuración institucional y un indulto que, mediante reforma legal, buscará perdonar delitos a unas 7,000 personas a fin de descongestionar el sistema carcelario.

Con la intención de evitar violaciones de derechos humanos en los centros penitenciarios, el 11 de abril la CSJ, a través de la Sala de lo Constitucional, presentó un recurso de exhibición contra los directores de cuatro cárceles.

El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Otoniel Castillo Lemus, fue removido de su cargo por parte de la Secretaría de Seguridad, y este martes asumirá sus funciones el nuevo directorio del ente penitenciario, nombrado por una comisión interventora que encabeza la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.

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