El Gobierno de Honduras está obligado a replantear su estrategia contra la delincuencia común y el crimen organizado, además de reorientar su aparato de investigación.

En esta demanda han apoyado sus criterios los diferentes sectores nacionales y representantes de órganos externos que han condenado la masacre de cuatro jóvenes la madrugada del jueves, entre éstos el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

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Autoridades de la Secretaría de Seguridad han denunciado que este hecho, que está en plena investigación, pone de manifiesto que Honduras está bajo ataque de grupos del crimen organizado que tienen la intención de crear caos, temor e inestabilidad.

Los funcionarios de esa cartera ministerial han acentuado que las estructuras criminales han mantenido un narco Estado y ahora lo que procede es un desmontaje de todo ese sistema que ellos consideran "una herencia" del régimen anterior.

La presidenta Xiomara Castro ha condenado -a través de redes sociales- que en el país se han reactivado los escuadrones de la muerte, al tiempo que expuso su compromiso de desarticular dichos grupos irregulares.

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El exgobernante, Porfirio Lobo Sosa, ha urgido una intervención inmediata de parte del Gobierno para detener la ola de criminalidad que se "está yendo de las manos".

Hay que adoptar una estrategia integral contra la inseguridad, porque el crimen organizado está reclutando a los jóvenes, aseveró -de su lado- el exjefe del Estado Mayor Conjunto de Las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez.

Debe haber un reclamo por la justicia, ha expresado el exembajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, mientras la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, señaló que dicho organismo apoya los esfuerzos a favor de la paz y del fortalecimiento de las instituciones.

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El Gobierno debe declarar estado de emergencia por la intensificación de la ola de criminalidad, con el fin de que prevalezca la justicia, exigió Hilda Caldera, viuda del asesinado exasesor de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Alfredo Landaverde, asesinado hace más de una década por sicarios.

¿Están los grupos del crimen reacomodando sus piezas? ¿Son estos hechos provocados para justificar la presencia de la Policía Comunitaria, como estiman algunos sectores? ¿Cuenta el Gobierno con una política contra la criminalidad?

Las preguntas se plantean en medio de una serie de críticas a las acciones de las agencias de seguridad y de investigación de Honduras.

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