Al no existir una ley de extradición, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió en 2013 un auto acordado, como procedimiento para hacer efectiva la entrega de hondureños requeridos por delitos de narcotráfico, lavado de activos y terrorismo a países con los que el Estado tiene acuerdos.

Al respecto, la titular del Poder Judicial dijo que "sí se quiere hacer una reglamentación correspondiente para que las extradiciones se hagan de acuerdo a una ley".

No obstante, Rebeca Ráquel indicó en una conferencia de prensa, que pese a que este es un tema de agenda de la nueva CSJ, se les debe de tener "un poquito de paciencia" porque hay otros asuntos que están dando prioridad, tras su reciente elección para el período 2023-2030.

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Honduras firmó en 1909 un convenio con Estados Unidos para conceder extradiciones, pero la Constitución de 1982 prohibía ese procedimiento.

Reforma constitucional

Fue mediante una reforma a la Constitución de la República que se permitió la extradición para ciertos casos.

Se trata de la reforma por adición del artículo constitucional 102 que aprobó el Congreso Nacional en 2012, durante el Gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y siendo titular del Legislativo Juan Orlando Hernández.

Dicha modificación permite la entrega de hondureños en extradición por delitos de narcotráfico, terrorismo o cualquier ilícito de criminalidad organizada.

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El decreto mantiene establecido que ningún hondureño puede ser extraditado por delitos políticos o comunes conexos.

Al menos 36 hondureños han enfrentado o enfrentan juicios en Estados Unidos, en su mayoría entregados en extradición, desde 2014, cuando se efectuó el primer procedimiento.

Entre los compatriotas entregados a la justicia estadounidense están el expresidente Juan Orlando Hernández, y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla".