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El destino del expresidente Juan Orlando Hernández quedará definido en las próximas horas, luego que el Poder Judicial admitió el recurso de apelación contra lo resuelto por el juez de primera instancia, favorable a conceder la extradición a Estados Unidos.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunirá para conocer los argumentos alegados por los representantes del exgobernante y adoptar una decisión que puede ser en tres rutas: ratificar, revocar o reformar la decisión que había sido tomada y por la cual se dio como procedente la entrega de Hernández.
En un plazo de tres días el máximo tribunal de justicia de Honduras tendrá que resolver de conformidad sobre el proceso de extradición del expresidente.
Como se sabe, el fin de semana los abogados que defienden al extitular del Poder Ejecutivo interpusieron un escrito en el que señalan una serie de alegatos que, en su criterio, no fueron analizados por el magistrado designado.
Uno de los motivos esgrimidos por los togados que tratan de detener la extradición de Hernández está relacionado con la interposición de más de 30 denuncias ante la Fiscalía.
Sin embargo, abogados entrevistados por HRN coinciden en que tales acciones no constituyen procesos judiciales. El Auto Acordado indica que, en este supuesto, el juzgamiento del solicitado en Estados Unidos tendría que ser diferido. No es el caso de Hernández.
Los especialistas en Derecho Penal han destacado que tampoco puede ser invocada la inmunidad de que estaría investido en su condición de diputado al Parlacén. Todos los requisitos para que la extradición se cumpla están dados, a criterio de los profesionales de las Ciencias Jurídicas y Sociales.
El mandatario de Honduras, en el período entre 2014-2022, es señalado por la justicia norteamericana por los cargos de tráfico de drogas y vínculos con organizaciones criminales del área.
Es responsable de conspirar, fabricar y poseer drogas ilícitas con la intención de distribuirlas en Estados Unidos; facilitar la adquisición, el uso y portación e importe de armas de fuego explosivos y similares, con el fin de conspirar para el transporte de drogas hacia Estados Unidos, detalla el informe en el que se sustentan las imputaciones a Hernández.
El documento remitido por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, detalla que el ex gobernante participó en conspiraciones violentas de narcotráfico para recibir más de 500,000 kilogramos de cocaína desde Colombia y Venezuela para luego hacer llegar los cargamentos a la frontera con Guatemala con destino final hacia Estados Unidos.
Una publicación del sitio especializado “InsightCrime” explica: El hermano del solicitado en extradición, el ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado por delitos de drogas y armas hace más de dos años, en octubre de 2019.
Durante ese juicio, el expresidente tuvo importantes menciones. Fue vinculado con un posible soborno por un millón de dólares que entregó a Tony el exjefe del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
El exgobernante había reaccionado con mucha anticipación a los que en aquel momento eran "comentarios" o "secretos a voces" sobre su extradición. Calificó los tales como una obra de los narcotraficantes que, según afirmó, habían sido enfrentados por su Gobierno.
Y en la fecha en que fue comunicada la resolución del juez de primera instancia de admitir la petición de Estados Unidos, Hernández reafirmó que había sido objeto de una reacción de los criminales hondureños juzgados en el norte.
