La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por unanimidad de votos, declaró la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual tuvo lugar en 2012.

Los demandantes del caso "Gutiérrez Navas y otros versus Honduras" son José Francisco Ruiz Gaekel, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira.

En ese contexto, la CIDH responsabilizó a Honduras por violaciones a garantías judiciales, legalidad, independencia judicial, derechos políticos, protección judicial, estabilidad laboral e integridad personal de los magistrados mencionados. El Estado aceptó parcialmente su responsabilidad en este caso.

La Corte ordenó varias medidas de reparación debido a las violaciones encontradas en el caso. Estas medidas incluyen:

  • Pago de una indemnización compensatoria a las víctimas afectadas por la destitución ilegal de sus cargos como magistrados.
  • Realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado respecto a las acciones ilegales tomadas contra los magistrados.
  • Adopción de medidas legislativas y otras acciones necesarias para ajustar el ordenamiento jurídico interno a los estándares establecidos en la sentencia. Esto incluye garantizar la estabilidad e inamovilidad en el cargo de quienes ejercen funciones judiciales, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley y respetando las garantías judiciales de los jueces.

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Antecedente

Varios magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ fueron destituidos de sus cargos entre 2009 y 2016. Esto ocurrió después de que el Presidente Porfirio Lobo criticara públicamente tres fallos de inconstitucionalidad emitidos por esta Sala en 2012. Tras estos eventos, el Congreso Nacional creó una comisión para investigar a los magistrados, y luego procedió a destituirlos en una sesión donde el edificio estaba rodeado por fuerzas militares y policiales.

La CIDH determinó que la destitución fue ilegal porque la autoridad que la realizó carecía de competencia, lo que violaba la independencia judicial. Además, se consideró que el Congreso utilizó su poder para castigar a los magistrados por sus decisiones, lo cual constituyó una desviación de poder. La destitución se llevó a cabo sin un procedimiento establecido ni fundamento legal adecuado, y las víctimas no fueron informadas ni tuvieron oportunidad de defenderse, violando así sus garantías judiciales y el principio de legalidad.

La Corte también responsabilizó al Estado por violar el derecho a la protección judicial de las víctimas al considerar que el recurso de amparo que presentaron no fue efectivo. Además, se señaló la falta de investigación y sanción a los responsables de los actos de hostigamiento y amenaza contra las víctimas, lo que también violó sus derechos.

Se resaltó la importancia de la independencia judicial y se mencionó que la separación de poderes es fundamental para garantizarla. Finalmente, se mencionaron los votos concurrentes y disidentes de algunos jueces sobre este caso en particular.

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