Analistas señalan que esto podría dar lugar a un doble juzgamiento, considerando las razones que el tribunal tuvo para proteger a los amparistas.

La Sala de lo Constitucional tomó en cuenta un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el cual determinó la falta de indicio de responsabilidad penal, civil o administrativa para deducirla a los amparistas, en este caso, David Chávez y las demás personas que fueron denunciadas.

El recurso de amparo lo presentó la defensa legal y el amparo lo otorgó la Sala de lo Constitucional.

Además, se entregó una copia de este informe y el amparo de la CSJ a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).

Kenneth Madrid, asesor legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó: "Lógicamente (la existencia del amparo) sería el argumento de descargo de la defensa al argumentar que el Ministerio Público no debió proceder a judicializar este caso por estar amparado en un fallo de la Sala de lo Constitucional".

Y agregó: "El amparo era sobre el mismo hecho, ahora queriendo esquivar esa calificación jurídica, se ha calificado de fraude y violación de los deberes de los funcionarios acusados en el caso del Infop", agregó.

Este martes, el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción libró órdenes de captura contra David Chávez y otros siete individuos, incluyendo a José Olivio Rodríguez Vásquez, Ángel Armando Aguiriano, José Antonio Elvir Velásquez, Otilia María Pinto Amador, Mario Alejandro Calderón Maldonado, Oscar Antonio Castro Nazar, Karl Heinz Kranich y Manuel Castillo.

El analista jurídico José Antonio Chavarría comentó: "Sí, hay una garantía de que nadie puede ser juzgado por los mismos hechos, pero también hay que ver si el fallo de la CSJ es apegado a derecho."

Por su parte, Luis Romero, parte de la defensa legal de los imputados, declaró: "La acusación versa sobre los mismos hechos que ya se habían conocido. Nos vamos a reunir y vamos a revisar los expedientes; técnicamente, es sobre los hechos que ya se conocían"-

En una operación coordinada, varios equipos de captura fueron desplegados este martes por la Secretaría de Seguridad para ejecutar las órdenes de captura del juez.

El requerimiento fiscal se fundamenta en la denuncia DMCP-001-2016 del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), acusando a Chávez, exdirector ejecutivo del Infop, de autorizar compras irregulares o sobrevaloradas.

El contrato en cuestión, relacionado con software y adiestramiento automotriz en Catacamas, Olancho, habría sido sobrevalorado y desviado en cerca de L21,000,000.00, involucrando presuntos delitos como fraude, malversación de fondos públicos y abuso de autoridad.

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