La aprobación de un decreto ejecutivo en el que se aprueba la creación de la Dirección General de Información y Prensa ha generado algunos cuestionamientos en sectores que defienden la libertad de expresión en Honduras.

El PCM 023-2022 no solo crea la nueva entidad, sino que ordena realizar un diagnóstico a los medios de comunicación televisivos, radiales, digitales e impresos que operan en el país.

La Dirección General de Información y Prensa tendrá, entre otras atribuciones: "Realizar de manera permanente un monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales y alternativos que operan en el país; así como las redes sociales que operan en el país. Para ello podrá realizar o contratar mediciones, encuestas, estudios de opinión u otros", precisa el inciso tres del artículo dos del decreto.

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De igual forma, esta Dirección se encargará de elaborar y planificar la estrategia de información y prensa del gobierno; asimismo coordinar actividades con los órganos, unidades y oficinas de relaciones públicas del Poder Ejecutivo y hasta pagar pauta publicitaria.

En cuanto al monitoreo y diagnóstico que se hará de los medios, el PCM establece que se buscará "obtener información completa y verificable, y dar pronto oportuna respuesta".

La institución elaborará un programa para mantener comunicación permanente con todos los medios de comunicación que cubren la fuente gubernamental y "mejorar los tiempos, calidad, veracidad y confiabilidad de la información".

Reacciones

El expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, calificó como una "intervención" en la libertad de expresión y de prensa la aprobación de dicho decreto ejecutivo.

"Esto es un riesgo para la democracia. Estamos en contra de cualquier tipo de intervención por parte del Estados en los medios de comunicación, en sus contenidos y en el ejercicio periodístico", indicó Rodríguez.

Por su parte, el secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana, aseguró que esta medida es "innecesaria". Agregó que, "esta es una tarea administrativa que basta con que la presidenta lo ordene al ministro de Prensa", manifestó Orellana.

De su lado, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional (CN), Ramón Barrios, calificó esta dirección como "cuestión administrativa del Poder Ejecutivo".

El parlamentario del Partido Libertad y Refundación (Libre), expresó que ha leído enteramente el PCM y "en ningún momento se pone en riesgo la libertad de expresión".

"Los verbos rectores que se utilizan en esa ley no hay ninguna intromisión a la libertad de expresión; es una cuestión administrativa del Poder Ejecutivo de monitorear la información, pero para sus propios intereses, pero no hay una intervención en informaciones que dan los periodistas", apuntó.

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