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La muerte violenta de seis privados de libertad miembros de la pandilla Barrio 18 en la cárcel de máxima seguridad conocida como "El Pozo", en Ilama, Santa Bárbara, al occidente de Honduras, es un reflejo de la inseguridad en los centros penales del país, dijo este lunes la titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
"El Estado hondureño, por medio del Instituto Nacional Penitenciario, debe garantizar la seguridad apropiada en el interior de los centros penitenciarios para evitar riñas, lesiones y muertes de los privados de libertad", apuntó Izaguirre.
Agregó que las autoridades hondureñas tienen "el deber de garantizar el derecho humano a la vida, salud, alimentación, agua potable, a una comunicación con sus familiares, a la integridad personal, psíquica y moral de las personas privadas de la libertad".
Según versiones preliminares, los reos quedaron tirados en un área del módulo número cinco de "El Pozo" solo en ropa interior, con rastros de sangre, pero todavía no se sabe si murieron a causa de heridas con armas blancas o de fuego.
Piden redoblar seguridad
El defensor de derechos humanos, Gustavo Fajardo, lamentó que se sigan dando estos hechos en las cárceles de máxima seguridad que están diseñadas, precisamente, para brindarle mayor seguridad a los privados de libertad.
"Es lamentable, el Estado tiene que hacer un diagnostico urgente para que tomen decisiones contundentes orientadas a brindarles seguridad a las personas, ellos pierden la libertad ambulatoria pero el Estado está obligado a cuidar sus derechos, sobre todo el de la integridad y su vida", comentó Fajardo.
