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En ese sentido, el experto pidió al Gobierno que en el proceso de intervención de los centros penales, para evitar más conflictos entre privados de libertad, como los que se registraron entre el viernes y sábado, se deje asesorar por la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Joaquín Mejía dijo, en el foro 30/30 de TSi que esta Oficina de la ONU puede acompañar a las autoridades hondureñas con las medidas de seguridad y penitenciarias que se implementarán bajo la intervención de las cárceles.
Al respecto, la Oacnudh reiteró este domingo "su compromiso" de apoyar al Estado de Honduras en la promoción y protección de los derechos humanos y llamó a las autoridades a "adoptar medidas de seguridad y gestión penitenciaria" que incluyan las reglas mínimas de las Naciones Unidas del tratamiento de los reclusos (Reglas de Mandela).
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El organismo de Naciones Unidas expresó a su vez su "profunda preocupación" por los hechos violentos registrados en cuatro cárceles del país, según autoridades entre pandilleros de la MS-13 y Barrio 18, con un saldo de un muerto y 11 heridos, y pidió al Estado tomar "medidas urgentes" para garantizar la seguridad de los presos.
"Estos hechos evidencian la deficiencia estructural en materia de hacinamiento, gestión penitenciaria y garantía de seguridad integral de las personas privadas de libertad", señaló la Oacnudh.
Cumplir recomendaciones de la CIDH
De igual manera, Mejía esperaría que, como parte de la intervención, el Gobierno se comprometa a cumplir y aplicar las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante las falencias que encontró en el sistema penitenciario tras una visita a las cárceles del país, en 2013.
Entre las recomendaciones de la CIDH, están adecuar las cárceles a los estándares internacionales, crear una carrera penitenciaria para que personas especializadas manejen el sistema penitenciario, y crear políticas públicas que permitan no solo el combate a delitos, sino a contar con programas de reinserción y rehabilitación (de los infractores de la ley), indicó Joaquín Mejía, en 30/30 de TSi.
Las crisis en los recintos carcelarios de Honduras no son nuevas " y es el resultado de la falta de políticas públicas integrales orientadas a que el sistema penitenciario cumpla la función constitucional de reinserción y rehabilitación de las personas privadas de libertad", sostuvo Mejía.
Y agregó que "la inexistencia de políticas públicas tienen que ver con el abandono en que ha estado el sistema penitenciario, lo que ha permitido que el propio Estado o que las autoridades penitenciarias hayan cedido de facto a los propios privados de libertad algunos aspectos fundamentales en la administración dentro de las cárceles y eso provoca problemas de violencia intracarcelaria".
¿Quién debe manejar cárceles de Honduras?
Mejía también manifestó que las cárceles hondureñas no deben volver a ser manejadas por militares, porque es una medida inconstitucional y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.
Y recomendó que en caso de que los centros penales sigan a cargo de la Policía Nacional, el personal asignado debe de pasar por un proceso de depuración y profesionalización, a fin de evitar irregularidades dentro de las cárceles, como permitir el ingreso de armas a los reos, lo que provoca eventos violentos.
También, Joaquín Mejía consideró que es urgente que las autoridades tomen medidas no aisladas para combatir el delito.
En el caso, el estado de excepción para enfrentar la extorsión y delitos conexos, es necesario, pero "no es una medida suficiente", sostuvo Mejía, pues a la par "debe haber otro tipo de medidas hacia una estrategia integral que mejore la calidad de vida de la población, tener acceso a una justicia ágil y eficaz, y acceso a una educación de convivencia pacifica".
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