La Sala II del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegó este miércoles la solicitud de excarcelación para Roosevelt Avilez, exalcalde de Talanga, Francisco Morazán, por lo que se confirmó la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de lavado de activos.

La petición de excarcelación del exedil fue realizada por su defensa legal alegando supuesto desmejoramiento de su salud. Sin embargo, la Sala de Sentencia denegó la solicitud, pues las pruebas médicas debían ser contrastadas por especialistas del sistema de salud pública y de Medicina Forense.

En marzo de 2022, la defensa de Roosevelt Avilez también interpuso un recurso de amparo para que se otorgara sobreseimiento definitivo amparándose en una reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, pero la judicatura determinó que dicha modificación no abarcaba el caso.

La reforma establece que la Fiscalía debe acreditar un delito precedente del lavado, es decir, la fuente ilícita de los recursos, caso contrario, no puede presentar cargos por ese crimen.

Además, el Tribunal de Sentencia declaró "no ha lugar" la solicitud de la defensa para que se le cambiaran las medidas de prisión preventiva, por lo que continúo encarcelado.

Caso Roosevelt Aviléz

Roosevelt Aviléz junto a César Leiva Ríos, Bella Esperanza Ríos, Fadde Avilez López y Nancy Santos Ríos -esposa de Roosevelt-, están acusados de lavado de activos en perjuicio del Estado hondureño por no justificar la procedencia de más de 300 millones de lempiras.

Aviléz y su círculo familiar fueron detenidos el pasado 18 de octubre de 2021 tras ser investigado por poseer 164 millones 474 mil 934.86 lempiras sin justificación de origen.

En ese misma condición está su esposa, Nancy Santos Ríos, a quien se le encontraron 157 millones 452 mil 974 lempiras que no han podido justificar su origen.

A su vez, a Avilez se le aseguraron 131 bienes inmuebles; 43 vehículos y tres sociedades mercantiles que pasaron a ser administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Declaraciones al Servicio de Administración de Rentas (SAR), indicaron que se acreditó un ingreso de 367 millones 471 mil 367 lempiras y, según el Ministerio Público, no tienen justificación.

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