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Entre los imputados están los policías activos Lester Elías Castillo Betanco, alias "Chacorta" (agente de tránsito en Choloma), Henry Roel Amaya Rodríguez, alias "El Chele" (agente comunitario en la Rivera Hernández).
Asimismo, Maudiel Rolando Ferrera Amaya (agente de tránsito en Villanueva) y Leonel Alonso Valladares Blanco, alias "El Cantante" (agente de tránsito en Tegucigalpa).
De igual forma, los civiles Eduardo Manuel Quiroz Betanco, Manuel Humberto Ramírez Sánchez, Lumbid Enrique Pacheco Flores y Ernesto Adalberto Lovo Carías.
A todos, se les presume responsables del delito de secuestro agravado, razón por la cual el 1 de junio se les dio captura mediante operativos en El Paraíso, El Paraíso; El Corpus, Choluteca; Tegucigalpa, Francisco Morazán; El Progreso, Yoro y San Pedro Sula, Cortés.
De acuerdo a las diligencias investigativas, los encausados han venido desde hace años operando una red criminal que identifica víctimas a quienes privan de su libertad con el propósito de cobrar fuertes cantidades de dinero a cambio de su liberación.
No se debió suspender la depuración policial
Para el exintegrante de la exintegrante de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, Omar Rivera, es del criterio que debió dársele continuidad a este proceso de depuración.
"Debió ser permanente en el tiempo, es decir, sin ninguna pausa en el proceso de verificación del cumplimiento de la ley por parte de oficiales y agentes. La acción de depuración, evaluación y el esfuerzo por garantizar la idoneidad es permanente", dijo Rivera.
Por su parte, el general de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, Luis Maldonado, señaló que el proceso de depuración nació solo para "apaciguar" y "taparle el ojo al macho" y calmar las críticas contra la Policía Nacional en ese momento.
"Fue una acción demasiado apresurada como para querer dar un mensaje a la población de que se estaba haciendo y la evidencia es que ahora hay una gran cantidad de demandas en contra de la Policía Nacional", apuntó Maldonado.
En 2016 comenzó la depuración policial, encabezada por Omar Rivera, a través de la Comisión Especial de Depuración Policial.
De tal modo, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), detalló en un informe llamado "Detrás de la Placa", que unos 6,168 policías, de un total de 13,000, fueron separados de sus cargos, cantidad que incluyó los niveles jerárquicos más altos de la institución.
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