El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Jhosy Toscano, pidió este viernes que se amplié el estado de excepción, que vence el 6 de enero de 2023, para seguir combatiendo la delincuencia y la extorsión en el territorio nacional.

"Que se extienda el tiempo que sea necesario, el tiempo que la Policía le resuelva al pueblo hondureño la problemática de seguridad", expresó Toscano.

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Sin embargo, el parlamentario del PSH demandó a las autoridades de seguridad informar cuáles son los resultados de las capturas durante el estado de excepción.

"La Policía debe de informar a la población cuáles son los resultados, cuáles son los detenidos que van a iniciar un proceso, cuáles son los detenidos que por falta de denuncias no se les inició el proceso", comentó Toscano.

Asimismo, el diputado indicó que el proceso de limpieza de la extorsión y delincuencia debe de continuar y no puede detenerse.

"Hoy continuamos con altas tasas de criminalidad, delincuencia y extorsión por lo tanto lo que estamos pidiendo es que se continúe el trabajo, los policías y militares en las calles y se le den resultados contundentes al pueblo", dijo Toscano.

Finalmente, el parlamentario del PSH lamentó que en esta época de fiestas de fin de año los negocios estén cerrados por el cobro de extorsión y que la delincuencia en el transporte público continúe.

Estado de excepción y lucha contra la extorsión

El pasado 6 de diciembre, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro decretó "estado de excepción parcial" por 30 días en 162 barrios y colonias de Tegucigalpa (Francisco Morazán) y San Pedro Sula (Cortés).

El estado de excepción se rige mediante el decreto ejecutivo PCM 20-2022 y suspende seis derechos garantizados en la Constitución de la República de Honduras.

Estos incluyen la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.

Desde el inicio de la medida, al menos cuatro agentes de la Policía Nacional (PN) y Policía Militar del Orden Público (PMOP) fallecieron en enfrentamientos con presuntos criminales.

Durante el estado de excepción se reportan al menos 1,300 detenidos, entre los capturados por la Policía Nacional y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

La presidenta Castro declaró el pasado 24 de noviembre emergencia nacional en materia de seguridad e inició una "guerra contra la extorsión" en el país.

En Honduras se pagan anualmente entre 30 y 50 millones de dólares (entre 735 millones a 1,200 mil millones de lempiras) por concepto de extorsión, según un informe de Global Financial Integrity.

Honduras cerrará el año 2022 con una tasa de homicidios de al menos 35.6 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a datos del Sistema Estadístico Policial en Linea (Sepol) de la Policía Nacional.

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