Así lo manifestó este día la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, quien se mostró "escéptica" con relación a la llegada de la CICIH.

"Tenemos más de un año pidiendo que deroguemos el decreto 116-2019, el 57-2020, el 93-2021, que reformemos el delito de lavado de activos", dijo la legisladora.

Se cuestionó "por qué desde el Congreso Nacional no lo hemos hecho y por qué no hemos cumplido con derogar todas esas leyes que generan impunidad".

En febrero, Honduras envió sus observaciones a los términos de referencia del memorando de entendimiento, que posteriormente darán paso a la llegada de una misión de expertos de la ONU, que trabajará con una contraparte hondureña con miras a la elaboración del convenio final.

El memorando de entendimiento, que se firmó el 15 de diciembre de 2022, establece la necesidad de derogar el decreto 116-2019, que reglamenta los Fondos Departamentales.

Sin embargo, este decreto también limita las funciones investigativas del Ministerio Público porque, en casos de corrupción, obliga a los jueces a solicitar al Tribunal Superior de Cuentas un informe de auditoría o de investigación a funcionarios públicos o diputados.

Muchos casos presentados por la Fiscalía han quedado con sobreseimientos definitivos y provisionales, entre ellos Arca Abierta.

Mientras, el decreto 57-2020 establece que solo un juez puede ordenar el secuestro de documentos, algo que, antes, el fiscal hacía sin autorización.

Por su parte, el decreto 93-2021 exige que exista un delito precedente para presentar una acusación por lavado de activos.

"Sin voluntad política no se pueden resolver los problemas, acá hay que ver si realmente hay una intención por combatir la corrupción y no socavar las instituciones", añadió Maribel Espinoza.

El también diputado del PSH, Carlos Umaña, coincidió en que "no existe voluntad política".

"No hay voluntad politica para que se instale la CICIH este año, porque el Gobierno está buscando la reforma constitucional", declaró.

Elevar a rango constitucional a la CICIH, como pretende la bancada de Libertad y Refundación (Libre), requeriría de 86 votos y adicionalmente de una ratificación, que se efectuaría en la legislatura que inicia el 25 de enero de 2024.

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