El diputado Edgardo Casaña conocerá este jueves 16 de junio la resolución de su solicitud a la aplicación del Decreto de Amnistía en su beneficio por la sentencia firme en su contra por el delito de abuso de autoridad agravado cuando era el titular del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).

Según el congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), lo condenaron por una lucha en pro de los docentes jubilados, esto cuando se aprobaron modificaciones en la estructura de pensiones y jubilaciones de la institución gremial.

"En el Congreso Nacional se incluyó en el Presupuesto General de la República ese dinero para darle 300 lempirirtas de aumento a los docentes", manifestó Casaña a HRN, al mismo tiempo que catalogó su condena como instrumentación política.

Amnistía

El legislador presentó el pasado lunes a los juzgados de ejecución penal de Tegucigalpa que se le aplicara el Decreto de Amnistía.

Vea también: Policías involucrados en presunto intento de secuestro y robo son objeto de investigación interna

Casaña manifestó que se apega al inciso D de dicha Ley el cual estipula "que representantes gremiales o sindicales que en el cumplimiento de sus funciones en representaciones de sus gremios hayan sido perseguidos por requerimientos fiscales desde 2009 hasta la fecha", explicó.

Por este último renglón, el diputado manifestó que puede ser beneficiado con la aplicación de amnistía.

Antecedentes

El Ministerio Público denunció que los exmiembros de la directiva de Inprema: Edgardo Casaña, César Augusto Ramos Cáceres, Alfonso López Guillén, Óscar René Recarte y José Alejandro Ventura (fallecido) aprobaron en 2010 modificaciones en la estructura de pensiones y jubilaciones de la institución gremial, sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

En 2018 un tribunal especial absolvió a los imputados por falta de pruebas, pero el ente acusador del Estado hizo efectivo el recurso de casación que la ley le otorgaba.

Por ello, Edgardo Casaña tiene una sentencia firme la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos y suspensión de la ciudadanía, ambos por seis años.

Puede interesarle: Honduras es el sexto país con mayor cantidad de solicitantes de refugio en el mundo, según ACNUR