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Los subinspectores de la Policía Nacional, Denis Corrales y Juan Carlos Varela, implicados en un presunto acto de secuestro y robo en Danlí, El Paraíso, y que eran parte de la seguridad asignada al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y del designado presidencial, Salvador Nasralla, son objeto de una investigación interna, informaron este miércoles autoridades.
De igual forma, las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad indicaron que, están a la espera también de un informe del Ministerio Público (MP) para tomar las acciones correspondientes.
"Están libres ellos, ya no hay ninguna responsabilidad, sin embargo, la Policía Nacional está haciendo lo propio, porque hay que revisar el caso. Nosotros tenemos que ser responsables con la sociedad", manifestó el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.
La Ley Orgánica de la Policía Nacional establece los procedimientos a seguir en caso de faltas y posibles delitos en que pueda incurrir cualquier funcionario policial en servicio activo.
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La Inspectoría General y el departamento de Recursos Humanos están a cargo, de acuerdo con lo indicado por el director de la institución policial, Gustavo Sánchez.
"Esta Policía Nacional no permitirá que ningún funcionario realice actos que estén reñidos con nuestro marco jurídico institucional. Por lo tanto, nosotros iniciamos de oficio las investigaciones respectivas para, si corresponde, deducirles las responsabilidades administrativas del caso", puntualizó Sánchez.
La investigación interna está en marcha para decidir si procede sancionar y bajo que figuras a los dos subinspectores de policía presuntamente involucrados en los hechos antes mencionados.
La detención
Los dos uniformados fueron detenidos la noche del pasado lunes 13 de junio en el barrio El Centro, en Danlí, El Paraíso, al oriente del país, cuando se conducían en dos camionetas propiedad del Estado.
Al momento de su detención se les decomisó sus armas de reglamentos, ya que los dos oficiales se encontraban fuera de su sector de responsabilidad; ya que no habían informado a ningún superior referente a dicha operación.
Sin embargo, al no existir denuncias en su contra ni otro tipo de indicios relacionados con ese hecho, el fiscal determinó otorgarles la libertad.
