En una entrevista en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5, Valladares expresó: "Meditan su voto y ya no tienen inhibiciones porque no están sujetos a represalias y en el Congreso Nacional es lo que ha habido eternamente, los diputados no son dueños de su voluntad, nunca han sido libres de para emitir su expresión".

Según Valladares, mediante este mecanismo, congresistas tanto del oficialismo como de la oposición podrían votar de manera diferente a la línea de su bancada, lo que podría llevar a conseguir los 86 votos necesarios para elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto del Ministerio Público para el periodo 2023-2028.

"El voto abierto tiene sus repercusiones y en este momento que hay mucho sectarismo y presión de partido, llegamos a un tranque en la votación que no va a ser fácil sacarlo. Si siguen siendo abiertas no vamos a desentrampar esta elección, vámonos a votación secreta y que sea lo que tiene que ser", añadió.

Debe priorizar la transparencia

Sin embargo, Oved López, congresista del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), sostiene que las votaciones deben ser públicas sin importar el tema en discusión.

"El diputado representa al pueblo, no se representa así mismo, por lo tanto, cuál es el temor, nosotros nunca vamos a cambiar nuestro voto ni principios, pero hay que demostrarle transparencia al pueblo hondureño", afirmó.

El funcionario argumentó que el voto público permite identificar quiénes están en contra de la corrupción y quiénes buscan mantener la impunidad, eligiendo fiscales que la garanticen.

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Honduras sin nuevo fiscal

Hasta la fecha, no se ha logrado la elección de un nuevos titulares del Ministerio Público, a pesar de que el periodo constitucional de cinco años del fiscal general Óscar Chinchilla y el fiscal adjunto Daniel Sibrián finalizó el pasado 31 de agosto. En cuatro intentos, dos mociones nominativas no obtuvieron los 86 votos necesarios para su consideración.

Actualmente, se espera que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convoque nuevamente a una sesión para discutir este asunto.

Por otro lado, aunque la LOPL establece que los funcionarios elegidos por el Legislativo permanecerán en sus cargos hasta que se elijan a sus sucesores, Chinchilla viajó a Nicaragua, donde asumirá el cargo de magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) con sede en Managua. En cuanto a Sibrián, presentó su renuncia ante el Congreso Nacional, aunque esta no fue admitida debido a que se consideró "extemporánea".

Mientras tanto, una Comisión Especial del Congreso Nacional, nombrada por Redondo, está investigando el ejercicio de las funciones de Chinchilla y Sibrián.

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