El Ministerio Público, en el marco de la Operación Némesis VII, investiga la ampliación, ejecución y cancelación de un contrato, entre 2016-2018, suscrito por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Nacional de Ingenieros Electromecánicos (NIE) que terminó en una demanda perdida por el Estado y el pago de más de 37 millones de dólares sumado a las costas procesales.
Por este caso, se investiga al exgerente de la ENEE, Jesús Arturo Mejía (2016-2019) y otras personas no mencionadas, por quienes se ampliarán las diligencias desde el periodo de tiempo que se suscribió el contrato de generación de energía térmica en La Ceiba, Atlántida (2016), hasta que la millonaria indemnización por daños y perjuicios en contra de la ENEE (2021).
"El caso en investigación podría ir más allá de una presunta prevaricación administrativa y comprendería un posible fraude (con autores y cómplices necesarios) y violación de los deberes de los funcionarios o abuso de autoridad", detalló el MP en un comunicado.
En su momento se conoció que la demanda establecía que el Estado debía pagar un monto inicial de L 899 millones 935 mil 961, no obstante, ENEE y NIE conciliaron en L 710 millones mediante un plan de pagos.
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Otras diligencias
En la Operación Némesis VIII también se acusó al exdirector del Instituto de la Propiedad (IP) de San Pedro Sula, Cortés, José Armando Uclés, por suponerlo responsable de violación de los deberes de los funcionarios.
De acuerdo con las diligencias, en 2004 el exfuncionario no acató una orden judicial acerca de la prohibición de celebrar actos y contratos sobre las acciones que una corporación mantenía en cuatro consorcios.
Irrespetó la medida precautoria e inscribió la protocolización de actas de una de las empresas emanadas desde Georgia, Estados Unidos.
Más acciones en Némesis VII
Por otra parte, se ejecutan acusaciones por actos de corrupción en el Registro Nacional de las Personas (RNP), específicamente contra Víctor Antonio Andrades García, exregistrador de La Ceiba, Atlántida, y Edson Roberto Laboriel, ex oficial civil de Trujillo, Colón.
También se investigan a miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en San Pedro Sula, por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, concusión (solicitud de dinero), falso testimonio, denuncia falsa y falsificación de documentos públicos.
Estos actos estarían vinculados a declaraciones forzadas de testigos, decomisos de armas y detenciones al margen de la legalidad.
Finalmente, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER), de Tegucigalpa y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEPETNIASPC), ejecutan acciones contra delitos de género y daños al medio ambiente, respectivamente.
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