La práctica de un buen Gobierno recae en la aplicación de dos factores fundamentales: la justicia y el Estado de derecho.

No es que Honduras haya sido ejemplo en estas materias, pero los indicadores prudentes que mantenía en el año 2005 -durante la administración de Ricardo Maduro- le permitieron ser elegible para tener acceso a $215 millones, bajo la supervisión de la Corporación del Desafío del Milenio por parte del Gobierno de Estados Unidos.

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Este modelo de asistencia financiera, suscrito como Convenio del Desafío del Milenio, busca reducir la pobreza, mejorar la infraestructura vial y fomentar la competitividad y productividad de pequeños y medianos productores agrícolas hondureños.

Honduras acumula ya 13 años de exclusión tras el golpe de Estado, fundamentada además en los altos índices de corrupción y violaciones al Estado de derecho.

La semana pasada hubo acercamientos entre la presidenta Xiomara Castro y los representantes del Convenio en Nueva York, pero -a juzgar por los malos resultados obtenidos en 2021- no es posible recuperar el beneficio en el corto plazo, coinciden economistas, empresarios y abogados de reconocida trayectoria.

De esto también es consciente Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico, pero es optimista al garantizar que antes de que termine el Gobierno de Castro, Honduras volverá tener acceso a los recursos en mención.

La última actualización (al 2021) del Banco Mundial (BM) sobre los indicadores de Estado de derecho y corrupción ubican a Honduras en los percentiles 15 y 14, respectivamente.

En el caso de la corrupción "implica que el 86% de los países evaluados obtuvieron un mejor desempeño", expuso en Twitter el economista Roberto Lagos.

Estos datos "serán insumos para la evaluación de la Cuenta del Milenio" que saldrá publicada en noviembre próximo.

"Representa el desempeño del último año de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Quedaremos fuera nuevamente", advierte.

También significa que 85 países muestran un mejor desempeño que Honduras en dicho componente, recordando que, aunque en la administración de Maduro se logró un 27.5%, lamentablemente siguió bajando hasta el 15.38%.

Ante esta situación, Membreño sugiere reformas políticas-electorales integrales, un sistema judicial no partidiario, poderes de Estado independientes, un sistema de meritocracia desarrollada y un liderazgo transformador.

"En definitiva, hemos tenido un Estado de derecho muy frágil en los últimos 22 años", concluye.

Visto de una manera integral, el proceso de la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la elección del fiscal general que se aproximan, representan oportunidades para demostrar cambios en la voluntad política y mejoras sustanciales en los indicadores de Estado de derecho y corrupción.

También será determinante la CICIH en dos momentos: su llegada y las condiciones en que se establece.

“Puede ayudar mucho, pero dependerá de su alcance”, enfatiza.

En referencia al proceso de elección de la CSJ, menciona que justo ahora está en manos de una Junta Nominadora, pero que al final la decisión “dependerá de los partidos políticos, cuyos actores han debilitado el Estado de derecho”.

He ahí el desafío. Es importante una reforma estructural de dichas instituciones y eso pasa por relevos en los liderazgos.

“Lastimosamente, esa progresividad en los cambios es lo que ha impedido que podamos acceder a espacios como la Cuenta del Milenio”.

El Estado de derecho medido por el BM y por otras organizaciones similares como el World Justice Project (WJP) usualmente se concentran entre seis y ocho pilares. De estos, el más importante es el grado de corrupción en el Gobierno de Honduras.

“En el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial el percentil anda en 35-40%. Pero el Legislativo apenas anda en 10%; es decir que el 90% del resto de países evaluados presentan mejores índices de transparencia en este poder”, explica.

“La corrupción en Honduras se concentra ahí y esto ha continuado en este nuevo Gobierno, con un nuevo pacto de impunidad”, añade.

Por esas razones, Sorto cree que es muy difícil que Honduras vuelva a beneficiarse en el corto tiempo de los fondos del Convenio del Desafío del Milenio.

El empresario reconoce que la administración Castro hace esfuerzos entablando diálogos con los representantes de la Corporación, pero destaca que otras naciones están en el mismo propósito de acercamiento.

“La calificación del 2021 no es absoluta. Es comparativa. Ahí estamos en desventaja frente a otros países, porque tenemos un rezago y un deterioro de 20 años”.

Disminuyen inversiones

Los malos resultados en los indicadores de Estado de derecho y corrupción ocasionan también un efecto directo desestabilizador en las inversiones del país.

Ello se relaciona con la percepción de riesgo país. “Las calificadoras de riesgo toman nota de esto. Se pasó de 3.2 puntos en enero pasado -antes de salir de la administración JOH- a 6.5 puntos actualmente”, señala.

Esa variación especifica el riesgo fiscal. El uso de las reservas internacionales, calificado por expertos como una alternativa cómoda e irresponsable para enfrentar las cargas del Estado, tampoco manda buenas señales al exterior y encarece los financiamientos.

Sumado a lo anterior, Honduras tampoco registra un fuerte impacto en la entrada de divisas.

“Este año apenas llevamos $360 millones en Inversión Extranjera Directa (IED). Luego, las circunstancias del mundo no nos ayudan”, apunta Sorto.

Toma de decisiones

Ante dichos escenarios, el empresario considera que las decisiones de país deberían estar encaminadas hacia una mayor articulación en la política monetaria fiscal; mejorar la efectividad en el uso del presupuesto; combatir de frente la corrupción mediante una CICIH robusta y sólida, e invertir en educación, salud e infraestructura.

“Pero, sobre todo, la presidenta Castro tiene la obligación de tomar las riendas de la administración pública y no cederla a su esposo (José Manuel Zelaya Rosales). Eso los inversionistas lo ven con malos ojos, porque es un liderazgo frágil”, dice.

El empresario pide a sus homólogos, emprendedores y al mismo Gobierno tener la amplitud y serenidad para anticipar que el mundo está a las puertas de una recesión.

“Europa y Estados Unidos, potencialmente, entrarán en recesión. Eso nos pasará factura”, sentencia.

EJES DE UN BUEN GOBIERNO EN MATERIA DE JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO:

1. Mejorar el desempeño de las instituciones del sector justicia.
2. 2 Asesorar sobre la reforma de la justicia penal y la seguridad de los ciudadanos.
3. Generar aprendizaje y diseñar intervenciones para promover el acceso a la justicia y el empoderamiento jurídico.
4. Promover la justicia en sectores del desarrollo, como la tierra, las industrias extractivas y el desarrollo urbano.
5. Reformar el sector de la justicia para lograr un mejor clima empresarial y de inversión.
6. Dirigir los conocimientos mundiales, el aprendizaje e iniciativas de medición de la justicia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

DATO

Según la Ley de la Cuenta del Desafío del Milenio, el Convenio tiene como propósito principal contribuir a la reducción de la pobreza y desarrollo sostenible del país, mediante el incremento de la productividad y habilidades comerciales de los agricultores que operan en las fincas agrícolas pequeñas y medianas.

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