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Los imputados aprehendidos son la exdiputada por El Paraíso, Sara Medina (2006-2014), y el exdiputado suplente por Copán, Carlos Roberto Guevara (2010-2014).
Ambos son señalados como autores materiales de fraude en perjuicio de la administración pública. La orden de captura contra ellos fue emitida por un juzgado de jurisdicción nacional especializado en crimen organizado y corrupción. La operación Justicia se lleva a cabo desde la mañana de este miércoles con el respaldo de las fuerzas de seguridad del país.
La exdiputada Sara Medina es la esposa del excomisionado de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía Velásquez. En enero pasado, el Ministerio Público, como parte de la Operación Poseidón, le incautó al funcionario 13 propiedades, tanto inmuebles como muebles, así como productos financieros, para investigar un presunto "incremento patrimonial injustificado".
Entre los bienes confiscados se encuentran una residencia ubicada en el barrio La Granja de Comayagüela, un terreno en la aldea El Hatillo de Tegucigalpa, cuatro vehículos, seis cuentas bancarias y un total de 7.3 millones de lempiras.
Un juez de privación de dominio ha programado para el 30 de enero de 2024 la lectura del fallo que determinará el destino de los bienes del excomisionado de la Policía Nacional.
El secretario Sánchez informó que, como parte de la operación Justicia, capturaron a una tercera persona por el mismo caso de fraude. Este individuo fue identificado como José Rogelio Sánchez García.
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Los otros imputados, con orden de captura vigente, por este caso son los exdiputados Fredy Espinoza Mondragón (2010-2014), Miguel Ángel Gámez (2006-2014) y Gladys Bernarda Casco Cruz (2006-2014). Además del ciudadano Geovanny Castellanos Deras.
Requerimiento del MP
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó un requerimiento fiscal en relación con un presunto fraude que implica a cinco exdiputados del Congreso Nacional (incluyendo los capturados), tres de los cuales ejercieron durante el periodo 2006-2014, y los dos restantes durante 2010-2014.
La acusación se extiende a dos personas adicionales, señaladas como cooperadores necesarios en el delito de fraude, tras presuntamente conspirar con los congresistas para desviar más de 42 millones de lempiras (L. 42,500,000.00) de las arcas del Congreso Nacional a través de una organización no gubernamental llamada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
Según el requerimiento fiscal, los diputados llevaban a cabo las gestiones a través del Fondo de Desarrollo Departamental, derogado en agosto de 2023, para la ejecución de proyectos sociales mediante ONGs. Sin embargo, una vez realizados los desembolsos, los fondos eran transferidos de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que gestionaron los recursos, así como a otras cuentas de otros legisladores y particulares, quienes los utilizaban para fines diferentes a los previamente designados.
Además, se identificaron gestiones irregulares de subsidios otorgados a varios exparlamentarios a través del mismo fondo, bajo la justificación de proyectos u obras de desarrollo social. Sin embargo, dichos proyectos no fueron presentados con los perfiles correspondientes.
La investigación revela que los fondos, provenientes de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a la cuenta de la AJOPADIH, fueron acreditados en un periodo de seis meses. Se descubrió que uno de los imputados que actuó como cooperador necesario se autoacreditó 28 millones de lempiras y realizó depósitos en 26 cuentas particulares, incluyendo las de los exdiputados acusados. El dinero restante fue trasladado a terceros sin justificación.
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