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El mismo fallo, que incluye medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, se extendió para el exsecretario general en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), José Sánchez.
Los tres imputados enfrentan acusaciones por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en relación con el manejo de 42.5 millones de lempiras a través del Fondo Departamental.
Estos tres acusados, capturados el pasado 13 de diciembre, cumplían detención judicial en las cárceles ubicadas en Támara, Francisco Morazán. En el caso de Medina, se encontraba en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), mientras Guevara y Sánchez estaban en la Penitenciaría Nacional.
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Requerimiento contra otros tres exdiputados
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó un requerimiento fiscal con orden de captura que involucra a cinco exdiputados del Partido Nacional, incluyendo a los ahora procesados.
Los excongresistas que aún se encuentran prófugos de la justicia son: Fredy Espinoza Mondragón (2010-2014), Miguel Ángel Gámez (2006-2014) y Gladys Bernarda Casco Cruz (2006-2014). Además del ciudadano Geovanny Castellanos Deras.
De acuerdo con la acusación, los imputados desviaron más de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional a través de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
Se presume que los diputados realizaron gestiones a través del Fondo de Desarrollo Departamental, mecanismo derogado en agosto de 2023 por el Congreso Nacional, para la ejecución de proyectos sociales mediante ONG. Sin embargo, los fondos fueron transferidos injustificadamente a cuentas personales de los diputados y otras cuentas de legisladores y particulares, utilizándolos para fines distintos a los designados inicialmente.
La investigación revela irregularidades en subsidios otorgados a exparlamentarios a través del mismo fondo, justificados por proyectos de desarrollo social no presentados con los perfiles correspondientes.
Se identificaron 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a la cuenta de la AJOPADIH en un periodo de seis meses. Uno de los imputados como cooperador necesario se autoacreditó 28 millones de lempiras y realizó depósitos en 26 cuentas particulares, incluyendo las de los exdiputados acusados. El dinero restante fue trasladado a terceros sin justificación.
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